El miedo al Obispado de Urgell frena las denuncias por las muertes de la residencia de Tremp

Solo denuncian siete familias, todas de fuera del municipio, por las 64 muertes de la residencia Fiella

TREMP 03-12-2020 ** RESIDENCIA DE TREMP DONDE HA HABIDO UN PORCENTAJE ELEVADO DE POSITIVOS POR CORONAVIRUS, COVID, COVID19. EN LA FOTO UN AMBULANCIERO ENTRA A LA RESIDENCIA PARA HACER EL TRASLADO DE UN PACIENTE ** FOTO JAVIER MARTIN

El juzgado de Tremp (Lleida) inicia este jueves, en fase de instrucción, las declaraciones por la muerte de 64 usuarios de la residencia Fiella por covid en noviembre de 2020. Los primeros testigos son agentes de los Mossos d’Esquadra y responsables de Salud en el momento en que pasaron los hechos, caso de la que fue gerente en Lleida, Divina Farreny.

Las declaraciones forman parte de la causa abierta contra la ex directora del geriátrico, Remei Navarri, y la ex responsable de Higiene Sanitaria, M.R.N.O., a las cuales se acusa de homicidio imprudente, trato vejatorio a los usuarios y por las condiciones de trabajo de los empleados. Por la causa abierta contra las mismas investigadas por un delito contra la seguridad en el trabajo, el juzgado ha citado a declarar hasta 49 trabajadores de la residencia los días 4, 5, 8, 19 y 26 de abril.

El Obispado de Urgell ostenta la representación mayoritaria del patronato de la residencia Fiella de Tremp, y se apunta al miedo a esta institución religiosa y a su influencia, según ha avanzado SEGRE.com, al hecho de que solo siete familias de los 64 usuarios que murieron en esta residencia de la capital del Pallars Jussà hayan denunciado el caso.  Se da la circunstancia que todas las familias denunciantes viven fuera de Tremp.

En su escrito, el Ministerio Fiscal describe una residencia en la cual los internos pasaban hambre, sed y frío durante el brote de covid, a finales de 2020. La fiscalía de Lleida afirma que se llegó a producir el hecho de que del centro geriátrico decían que medicaban y tomaban la tensión a ancianos que hacía varios días que habían muerto, y que aquellas semanas hubo dejadez en la atención a los residentes, falta de medidas para frenar el virus, descoordinación y una falta de asistencia sanitaria real. Durante el brote de coronavirus, murieron 64 de los 142 residentes del centro.

De las irregularidades descritas por la fiscalía, se afirma que se privó a las personas internadas en el centro de una correcta asistencia médica y que tampoco hubo ningún tipo de coordinación con los centros médicos próximos. Pasó, por ejemplo, que no se sirvieron cenas a los residentes hasta pasada la medianoche y también se apunta que aquellos días pasaron frío, hambre y sed, según recoge la denuncia.

La denuncia de los familiares de los ancianos muertos hablan de gestión caótica, hasta el punto de que algunos familiares de los residentes pasaron días sin tener ninguna noticia de ellos. De hecho, hubo casos en que familiares fueron informados de que los pacientes se encontraban en buen estado de salud cuando ya habían muerto y a otros no se les informó de que su familiar había muerto.

Los denunciantes defienden que no hubo protocolo de defunción y que esto provocó que algunos familiares se enteraran de la muerte de sus parientes por la funeraria, vecinos del municipio o voluntarios de la misma residencia. Otros familiares tuvieron que ir al centro y buscar a sus familiares ingresados entre las habitaciones donde había muertos y recuperaron los cadáveres por sus «propios medios», según asegura la denuncia.

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