La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha advertido este lunes, en referencia a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a las escuelas catalanas a dar el 25% de las clases en castellano, que «estamos en un Estado de derecho, y en un Estado derecho se respeta la ley, la Constitución y las sentencias». Lo ha dicho en una rueda de prensa junto a la consejera de Justicia de la Generalitat, Lourdes Ciuró, tras la reunión que han mantenido esta mañana en Barcelona.
Sin embargo, Llop ha evitado aclarar si la Abogacía del Estado se posicionará y si solicitará o no al tribunal la ejecución de la sentencia: «No puedo aventurar ningún escenario sobre un asunto del que no sabemos qué va a pasar, ni si la Generalitat ha presentado alegaciones», ha manifestado. La ministra ha remarcado que «el Gobierno (central) está comprometido con las lenguas cooficiales» y ha insistido en la necesidad de entenderlas «como un elemento de cultura de los distintos territorios, del país», en vez de utilizarlas «como un instrumento para enfrentar».
Por su parte, Ciuró ha asegurado que la sentencia del TSJC «no tiene ningún sentido», y que «la inmersión lingüística es un modelo de éxito que nunca ha ido sobre porcentajes». En este sentido, la consejera ha señalado que lo relevante son las «competencias de los estudiantes en ambas lenguas oficiales» y que esto es «un hecho que ya se produce». «Entrar en la cuestión de la lengua es entrar a politizar una vez más una cuestión que es pacífica, que es una norma de convivencia y que ha representado un progreso para la ciudadanía de Cataluña», ha concluido Ciuró.
La consejera ha insistido también a Llop en la reforma de los delitos de sedición y rebelión del Código Penal para «desjudicializar el conflicto de Cataluña», y la ministra ha respondido que «está en estudio», aunque ha remarcado que «no es prioritario» para el ejecutivo central.
