La Fiscalía Anticorrupción, y no un fiscal adscrito a los juzgados de Barcelona, ha asumido la investigación a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, sobre la presunta comisión de cinco delitos mediante la concesión de subvenciones a supuestas entidades afines.
Colau fue citada el próximo 4 de marzo para declarar por el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona como investigada por los delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a raíz de la admisión de una querella presentada por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática.
Bajo la lupa de Anticorrupción se sitúan subvenciones concedidas a entidades como el Observatorio DESC -en el que trabajó Colau-, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) -de la que Colau fue portavoz-, la Alianza contra la Pobreza Energética y Ingenieros Sin Fronteras, por trabajos como el “fortalecimiento de capacidades organizativas e incidencia” en Perú, “fortalecimiento de capacidades” en Inhambane (Mozambique) y “Compost y educación ambiental en Maputo» (Mozambique), según especifica el diario El Mundo.
El fiscal anticorrupción de Barcelona Luis García Cantón ya archivó, en julio de 2021, una querella similar presentada por la plataforma Abogados Catalanes por la Constitución contra Colau y algunos de sus concejales y exconcejales, Jaume Asens, Gerardo Pisarello, Eloi Badia, Gala Pin, Laia Ortiz y Laura Pérez.
En declaraciones al programa Aquí Cuní (Cadena SER), Colau se ha mostrado indignada por lo que considera un caso de lawfare contra ella, que ha relacionado con intereses económicos y con la proximidad de las siguientes elecciones municipales.
