Yo no soy un supremacista ni un independentista, pero sí creo que Cataluña merece y está capacitada para ser gestionada como las sociedades nórdicas -Dinamarca, Suecia, Finlandia…-, que se han convertido en el paradigma mundial del buen gobierno y del Estado de bienestar. Este era el sueño del restaurador de la Generalitat, el presidente Josep Tarradellas, cuando volvió del exilio de Saint- Martin-le-Beau, en 1977.
La Cataluña ordenada, integradora e innovadora que se gestó durante el formidable proceso participativo del Congreso de Cultura Catalana (1975-77) y con la recuperación del Parlamento democrático (1980) quedó destrozada por el cáncer sistémico de la corrupción pujolista. El panorama que nos ha dejado esta gran estafa colectiva es de una profunda devastación económica, política y, sobre todo, moral.
Pero no sirve de nada quejarse y hace falta mirar siempre hacia adelante. Poniendo las medidas adecuadas, eso sí, para que los errores del pasado no se vuelvan a repetir. El progreso armónico de una sociedad –como es el caso de Cataluña- necesita, antes de que nada, una administración eficiente y transparente. También que la voz del ciudadano sea escuchada y que las instituciones democráticas sean ejemplares y mantengan un contacto permanente con la calle.
Desgraciadamente, durante estas últimas décadas, en Cataluña han fallado los controles del poder, una condición indispensable para garantizar la buena salud de la democracia, siempre débil y amenazada. Con la excusa que la administración de justicia es “española”, la corrupción de los “nuestros” ha disfrutado de manga ancha para robar y saquear impunemente y hacerse las “víctimas de la opresión” cuando los han pillado. El llamado cuarto poder también ha tenido un papel muy triste y decepcionante, dependiente y atenazado por los políticos de turno e incapaz de cumplir su misión de vigilancia en nombre de los intereses públicos.
Para reconstruir Cataluña necesitamos unos organismos de control, fuertes e independientes, que impidan los abusos de poder. La mala experiencia que hemos sufrido, creyendo en la buena fe y la honestidad congénita de los políticos, exige la existencia de unos contrapesos potentes y en los cuales podamos confiar.
Esto será así, a partir de ahora, con el anunciado nombramiento de Miquel Salazar como nuevo presidente de la Sindicatura de Cuentas y de Esther Giménez Salinas como nueva Síndica de Greuges. Son dos personas con un consolidado currículum profesional y con sólidas convicciones éticas que, estoy seguro, ejercerán con autoexigencia y concienzudamente la tarea que tienen encargada por ley.
Junto con Miguel Ángel Gimeno, director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), Miquel Salazar y Esther Giménez Salinas constituyen el gran baluarte que tenemos los catalanes para poder lograr la sociedad “nórdica” que todos tenemos en mente y en el corazón. El triángulo Síndica de Greuges-Sindicatura de Cuentas-Oficina Antifraude, ahora en muy buenas manos, es la base que nos permite recuperar la esperanza de tener unas instituciones –Generalitat, diputaciones, consejos comarcales, ayuntamientos y empresas públicas- que funcionen sin hacer trampas ni derrochar los recursos públicos.
El hasta ahora Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha sido una profunda decepción. Ha demostrado ser una persona de un cinismo y de una amoralidad abyectas, que chocan con su antigua militancia y procedencia comunista. Agarrado al cargo como una lapa, hasta los 76 años, cobrando un sueldo exagerado e indecente, servil a la causa procesista –insensible a la fractura que esta demencial aventura política ha provocado en la sociedad catalana- y con una jeta inconmensurable para disfrutar de la dolce vita a expensas del erario público, Rafael Ribó es la antítesis del “defensor de las personas”: ha sido, hasta el final, el defensor de su bolsillo y de sus privilegios. Cuando fue pillado viajando en un jet privado, contratado por un empresario del 3%, para ir a ver una final de Champions del Barça tendría que haber dimitido ipso facto. Es una cuestión de decencia y de honorabilidad que ha quedado claro que no tiene. ¡Hasta nunca!
Todavía hoy, es frecuente en muchas administraciones catalanas –empezando por las más importantes, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona- que se hagan muchísimas adjudicaciones a dedo por grandes importes, camufladas con la acumulación de varios contratos menores. La manipulación de concursos y subastas, vulnerando el principio de la libre concurrencia, también pasa todavía demasiado a menudo.
Hace más de 40 años (¡40 años!) de la reinstauración del Parlamento de Cataluña y hay demasiados políticos que todavía no han entendido el abecedario de la democracia y la obligación que tienen de predicar con el ejemplo y de tener el máximo cuidado en la gestión del dinero público, que es sagrado. Increíble. En este sentido, es un insulto a la dignidad de todos los catalanes que la presidenta del Parlamento, Laura Borràs, esté encausada por un caso escandaloso de prevaricación y corrupción. Su elección y su nombramiento es un error que llena de oprobio la historia de nuestra máxima institución de autogobierno. Espero que pronto la perderemos de vista.
Venimos de donde venimos y, por eso, soy un optimista impenitente. Yo viví el franquismo y los avances que hemos conseguido desde 1975 son victorias incontestables de las cuales nos tenemos que sentir muy orgullosos. Pero todavía no somos como Dinamarca o Finlandia. En este camino, la presencia de personas como Miguel Ángel Gimeno, Miquel Salazar y Esther Giménez Salinas al frente de los organismos encargados de velar por la pulcritud y eficacia de nuestras administraciones democráticas me reafirman en mi confianza en el futuro de Cataluña.
