La mujer del presidente del gobierno español, Begoña Gómez, tendrá que esperar todavía unos días para saber si el juez Juan Carlos Peinado le retira el pasaporte y le impone medidas cautelares. El magistrado ha celebrado este lunes una vista preliminar de casi cuatro horas con Gómez y los otros dos investigados de la causa, Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, pero ha aplazado su decisión.
Durante la comparecencia, las acusaciones populares, encabezadas por Hazte Oír, han solicitado la retirada del pasaporte de Gómez y que se le obligue a comparecer en los juzgados cada quince días. También han pedido comparecencias periódicas para Álvarez, mientras que no han reclamado ninguna medida cautelar contra Barrabés.
Peinado dispone ahora de unos días para decidir tanto sobre estas medidas como sobre el futuro procesamiento de los investigados. El magistrado ha comunicado a las partes su intención de que el caso sea juzgado por un jurado popular por los presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida.
Un procesamiento pendiente de recursos
La decisión del juez, sin embargo, aún no es firme. La defensa de Begoña Gómez ha recurrido el acto de procesamiento ante la Audiencia Provincial de Madrid, que deberá determinar si el procedimiento continúa adelante y, si es así, por qué delitos. Las acusaciones populares reclaman hasta 24 años de prisión para Gómez, 22 para Cristina Álvarez y 6 para Barrabés.
Según la instrucción de Peinado, Gómez habría aprovechado su condición de esposa del presidente del gobierno para favorecer determinados intereses empresariales vinculados a sus proyectos profesionales. El magistrado pone el foco especialmente en las relaciones mantenidas con empresas vinculadas a Barrabés y en las cartas de recomendación que habría firmado en favor de sociedades que posteriormente obtuvieron contratos públicos.
El papel de la cátedra de la Complutense
La investigación gira en torno a la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, que Gómez dirigía desde 2020. El juez sospecha que determinadas empresas colaboradoras habrían obtenido beneficios o ventajas a cambio de su vinculación con los proyectos académicos impulsados por la mujer del presidente español.
Peinado también investiga si se utilizaron recursos públicos para actividades privadas relacionadas con la cátedra. En este apartado analiza especialmente el papel de Cristina Álvarez, asesora de la Moncloa, a quien atribuye posibles tareas ajenas a sus funciones institucionales.
Además, el magistrado sostiene que Gómez podría haberse apropiado de determinados elementos vinculados a un software desarrollado en el marco de la cátedra universitaria. Precisamente, la Universidad Complutense se ha personado recientemente en la causa y reclama 109.140 euros en concepto de daños y perjuicios por la presunta apropiación de este software.
La defensa de Begoña Gómez rechaza todas las acusaciones y sostiene que no se ha cometido ningún delito.
