España tendrá presupuestos a partir del próximo 1 de enero. Tras la aprobación, la semana pasada, de los presupuestos de la Generalitat, hoy han salido adelante también los presupuestos de España. Se han aprobado definitivamente en el Congreso con 281 votos a favor, 61 en contra y una abstención.
Los presupuestos se retrasaron porque el Partido Popular apoyó una enmienda de Compromís que pedía destinar 1,6 millones de euros a la promoción de las lenguas minoritarias en España. El PSOE se ha unido al apoyo de esta enmienda y, por tanto, los presupuestos han quedado aprobados.
Los presupuestos generales del Estado para 2022 han recibido el apoyo de hasta 11 grupos del Congreso. Entre ellos, aparte de los socios de gobierno, PSOE y Unidas Podemos, también de Esquerra.
Estos presupuestos incluyen récords en inversión y gasto social. Concretamente, se invertirán 40.000 millones de euros y se destinará el 60% a educación, sanidad, dependencia y pensiones.
También se contemplan otras medidas, como el aumento de sueldo de los funcionarios en un 2%, el cheque de la vivienda y el cheque cultural a los jóvenes. Muchas medidas se financiarán con los fondos europeos.
La reforma laboral
El decreto ley de la reforma laboral -pactada la semana pasada entre los sindicatos CCOO y UGT y los empresarios de la CEOE- se ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes. Era el paso previo para empezar el trámite parlamentario, en el que los grupos políticos pueden acabar forzando cambios.
El acuerdo de la semana pasada contempla, entre otras cosas, reducir la temporalidad, uno de los principales problemas del mercado de trabajo. Para ello generaliza el contrato indefinido y deja la contratación temporal para casos muy justificados, cuando existan causas objetivas.
Así, el gobierno español ha logrado sacar adelante uno de los objetivos de la legislatura, la reforma laboral. La ley entrará en vigor este miércoles, salvo en el caso de la temporalidad, en la que se permite un tiempo a las empresas para adaptarse.
Según anunció la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, las empresas tendrán hasta tres meses para ajustar los contratos temporales a la nueva normativa, una prórroga que en el caso de los contratos de obra y servicio se alargará hasta los seis meses.
