Muchas páginas se han escrito desde que la enseñanza del español y el catalán en las escuelas e institutos (ahora también en las universidades) de Cataluña empezaron a ser un problema para la élite nacionalista y un atropello a los derechos de los alumnos castellanoparlantes.
Hay dos aspectos fundamentales para entender la transformación de la práctica educativa en un estado permanente de intransigencia, humillación, desprecio y ninguneo a la población castellanoparlante.
Un aspecto fundamental son las Federaciones de Asociaciones de Familia a las que considero clave en la construcción, desarrollo e implantación de un sistema educativo basado en el adoctrinamiento del alumnado y en el abandono meditado de lo que habría de ser una enseñanza bilingüe; es decir, aquella que emplea las dos lenguas como medio de formación o instrucción para conseguir la competencia requerida en la lengua de adquisición (L2), pero sin abandonar la materna (L1).
En Cataluña la realidad nos conduce a:
La FAPAC, la mayor Federación de Asociaciones de Familias de Alumnos de Cataluña, funciona como correa de transmisión y brazo ejecutor de los principios del nacionalismo en los centros educativos catalanes, difunde y amplifica por todo el territorio catalán las consignas de la CUP (Candidatura de Unidad Popular), Ómnium Cultural, ANC (Asamblea Nacional Catalana) y “Som Escola”, plataforma que acoge a 54 entidades defensoras de acabar con el bilingüismo propio de Cataluña. La FAPAC difunde los principios del nacionalismo educativo más acérrimo a través de las Asociaciones de Familias de Alumnos que acoge. Esta labor le resulta cómoda y sus resultados son muy efectivos. Las AFAS (AMPAS), reúnen a familias de todo tipo, pero sus juntas directivas están formadas por grupúsculos pertenecientes a la burguesía catalana que ha originado una élite privada dentro de la escuela pública sufragada con el dinero de todos los ciudadanos (no pretendo generalizar, pero es una realidad que encontramos mayoritariamente en Cataluña interior y en las coronas industriales de las grandes ciudades).
El sistema educativo en Cataluña prescinde totalmente de los mecanismos de la inmersión y ha puesto en marcha lo que llamamos sumersión lingüística, que no es más que impedir a los niños usar su lengua materna (L1) en la escuela con el objetivo de asimilar la lengua de la minoría y de reorganizar todos sus procesos mentales en la lengua de adquisición, no en la materna. Esta práctica puede ir aderezada de falta de respeto a la lengua materna de familias y alumnos, de ninguneo, de desprecio o de total indiferencia.
Al tema lingüístico se añade el complemento simbólico y cultural. El tema de los símbolos se ha zanjado abruptamente con un método similar al lingüístico: se prescinde de los símbolos de España en aras de la formación y asimilación de toda la simbología política de lo que el nacionalismo considera un país independiente. El tema de los símbolos de
España es un cajón de sastre, ahí caben todas las injurias e improperios que, convertidos en “lemas progres”, se permite pronunciar cualquiera, hasta los políticos.
¿Por qué no hay respuesta contundente por parte de familias de alumnos que, sin duda, no están de acuerdo con imposición lingüística y el adoctrinamiento? En muchos casos es el miedo a discrepar, a las posibles represalias sobre los hijos, pero sobre todo se trata de que la mayoría de familias hispanohablantes provienen de clases sociales con poco nivel académico y sienten impotencia si tienen que hablar de algo que no dominan. Por otra parte, las familias extranjeras no pueden de ninguna manera protestar porque la mayoría de información que les llega de los centros no la entienden.
En definitiva, nos encontramos ante un monopolio de la educación por parte de una élite burguesa catalana y lo peor de todo es que no valen sentencias condenatorias pues no acatan ninguna y su victimización sale reforzada con ellas, al mismo tiempo que atomizan la fuerza que podrían tener en conjunto las familias de alumnos en Cataluña.
No me queda más que hacer un llamamiento a la razón y al sentido común de todos los padres y madres que valoren la educación de sus hijos para subvertir este orden feudal en pleno siglo XXI para que acepten la sentencia del TSJC, según la cual se debe impartir un mínimo del 25% en español, lengua común a todos los españoles.
