Este jueves los estudiantes de universidades y de institutos hacen huelga para protestar contra la conocida como ley Castells, la normativa del sistema universitario que prepara el Ministerio de Universidades, encabezado por Manuel Castells, la cual pretende regular mejor los centros universitarios en toda España. La huelga la ha convocado el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (SEPC), y comenzó este miércoles en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
Aunque según la ley, los estudiantes tendrán mayor presencia en los órganos de toma de decisiones, el SEPC asegura que la nueva normativa «amenaza con convertir la universidad en una institución opaca y antidemocrática, recortando aún más el poder decisorio de las estudiantes». El sindicato considera que la ley «omite cuestiones tan importantes como la lengua, las prácticas remuneradas o el acceso a la universidad», y que «subordinará a las universidades a las exigencias del mercado».
Por todo ello, el SEPC ha convocado manifestaciones a las 12 del mediodía en las principales ciudades catalanas, así como en las Islas Baleares y en la Comunidad Valenciana, aunque las protestas se han iniciado a primera hora de la mañana con los piquetes estudiantiles. En la UAB, decenas de jóvenes han cerrado los accesos al Campus de la universidad con barricadas para impedir que entraran los estudiantes, hechos que se han repetido en otras facultades de la Universidad de Barcelona (UB), como las que se encuentran en el Raval, en el Campus Mundet y en el Campus de la Ciutadella.
A las 10 de la mañana, varios grupos de estudiantes han cortado la Diagonal de Barcelona, así como la AP-7, y han avanzado por la ciudad hasta llegar a la plaza de la Universidad, donde a las 12 ha empezado la manifestación que ha reunido a unos 2.000 estudiantes y varios sindicatos y organizaciones. Los manifestantes se han desplazado por varias calles de la capital, hasta llegar a la delegación del Gobierno central, donde se han detenido, la cual está blindada con varias furgonetas de los Mossos d’Esquadra.
La LOSU o ley Castells aún está pendiente de ser aprobada en el Congreso e introduce cambios importantes, sobre todo, en el ámbito laboral: reduce los contratos temporales de docentes del 40% al 20%, y aumenta el porcentaje de profesores funcionario del 51% al 55%, a fin de reducir la precariedad de estos profesionales. Cambios que no sólo desagradan a los estudiantes, sino también a los rectores universitarios, que consideran que «supone una regularización excesiva«.
