Nuevo juicio por la quiebra de La Seda de Barcelona, la última empresa pujolista

Cuando en 1991 la multinacional holandesa Akzo decidió desprenderse, por el precio simbólico de una peseta, de la empresa La Seda de Barcelona (LSB) –que había inaugurado su histórica fábrica del Prat en 1925– se inició una agitada etapa en la cual se implicó directamente el “estado mayor” del pujolismo, con el pleno apoyo de la Generalitat convergente. Pero esta aventura, en la cual se mezclaron la política con los negocios, acabó muy mal: en 2013, LSB presentó concurso de acreedores y en 2014 entró en proceso de liquidación.

La figura central de esta operación fue el abogado e ingeniero Rafael Español, nombrado director general y después presidente de la compañía química del Prat, entre los años 1993 y 2009. Por el consejo de administración de LSB pasaron “pesos pesados” de Convergència, como Carles Vilarrubí, Artur Mas o Jordi Vilajoana. Incluso el hijo primogénito del presidente Pujol figuró como consejero de Catalana de Polímers SL, una de las filiales del grupo, y su testaferro andorrano, Francesc Robert, también se incorporó a los órganos de dirección de la empresa.

¿Por qué Jordi Pujol se obsesionó en salvar LSB, destinando también a ello ingentes recursos públicos de la Generalitat? Parece que la clave es la estrecha relación que mantenía con Llorenç Gascón –recientemente fallecido–, ex-presidente de la empresa con Akzo y persona de su máxima confianza, vinculado con altos mandos militares españoles y con los servicios de inteligencia de los Estados Unidos.

El desastre económico de LSB, a pesar del apoyo de Jordi Pujol y de Convergència, ha traído cola. Todavía esta pasada semana se celebró en el juzgado de instrucción n.º 3 del Prat un nuevo juicio –el cuarto- por la descapitalización y la ruina de este grupo químico. Faltó el principal protagonista, Rafael Español, que murió el año pasado.

A raíz de las denuncias presentadas por un grupo de pequeños accionistas y la investigación realizada por la Fiscalía de delitos económicos, Rafael Español ya fue condenado en tres juicios celebrados en 2015, 2017 y 2018 a un total de 6 años y 9 meses de prisión. A pesar de esto, nunca pisó la cárcel, puesto que había pedido el indulto y murió cuando estaba en tramitación.

Durante los 16 años que estuvo al frente de LSB, Rafael Español las hizo de todos los colores para intentar mantener la empresa en pie. Como que la compañía cotizaba en bolsa, se veía obligado a manipular los resultados para obtener beneficios, aunque fueran mentira. Así, se inventó ventas millonarias a Rusia y Túnez, que eran ficticias, o hizo falsas ampliaciones de capital. Cuando la empresa presentó concurso de acreedores, el “agujero” contable se cuantificó en 111,8 millones de euros.

En el último juicio celebrado en el Prat se ha juzgado una inversión de 19,8 millones hecha por LSB para desarrollar biodiésel a partir de la planta de jatropha. El dinero se “perdió” a través de las sociedades Jatroil, Nuevo Sol Granadella, Nuevo Sol Ibiza y Promivola, de los hermanos Carlos y Pablo Gutiérrez Mondedeu. Estos dos hermanos, además, aparecen involucrados como testaferros en la trama de corrupción montada por el ex-presidente de la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana.

En el banquillo de los acusados también se han sentado el auditor Gonzalo Villares, por encubrir el falseamiento de las cuentas de LSB, y Ferran Carreras, director de la filial Bioseda.

En sus momentos de máximo esplendor, en la empresa –que también tenía una gran fábrica en Alcalá de Henares– habían llegado a trabajar 25.000 obreros. De aquel poderoso grupo químico hoy solo quedan los despojos. Es herencia directa la planta de Iqoxe, en Tarragona (antes de LSB), que sufrió un gravísimo accidente el 14 de enero del año pasado, en el cual murieron tres personas (foto).

(Puedes leer esta información en la última edición del semanario EL TRIANGLE)