El precio de la corrupción

Se veía venir, hace tiempo, que el pasaporte de vacunación contra la covid-19 acabaría siendo, tarde o temprano, obligatorio para acceder a lugares de concurrencia pública. Esta medida preventiva ya ha sido adoptada, hace meses, por algunos países europeos y todo hacía pensar que si se producía un repunte de la pandemia, como pasa ahora, también acabaría implementándose en Cataluña.

Por eso, un Gobierno previsor y responsable, habría hecho, con gran antelación, campañas informativas masivas para aconsejar a la población de las ventajas de disponer del certificado de la doble vacuna, que es gratuito y, hasta hace poco, fácilmente accesible desde la web Mi Salud, creada y gestionada por la Generalitat. Disponer de este documento siempre podía ser útil y no era ningún estorbo, como se ha acabado demostrando.

Pero, en una impresentable muestra de imprevisión y de irresponsabilidad, el consejero de Salud, Josep Maria Argimon, anunció su entrada en vigor de un día para otro y ha pasado lo que no tenía que pasar: el acceso a la web Mi Salud se ha colapsado, ante el elevado número de peticiones urgentes que ha recibido.

Centenares de miles de personas han intentado, en los últimos días, obtener el pasaporte anti-covid, imprescindible para poder moverse, y se han encontrado con que la web era inaccesible o bien han tenido que pasar largas horas delante del ordenador para intentar obtener este preciado documento. A la vista del desbarajuste provocado, el propio departamento de Salud ha tenido que posponer la entrada en vigor de esta medida preventiva, ante la desorientación y la estupefacción de la ciudadanía.

Esta pifia monumental deja en ridículo a la Generalitat y, en especial, el vicepresidente Jordi Puigneró, que se ha llenado la boca pregonando que Cataluña está en la vanguardia europea de la digitalización y que el modelo a seguir es Estonia, ligando las nuevas tecnologías con el proceso independentista. Este ‘profeta’ del blockchain y de las criptomonedas ha visto cómo la web Mi Salud ha reventado cuando se ha apelado a la ciudadanía a hacer uso del pasaporte anti-covid.

Desde el retorno de los convergentes a la Generalitat, en 2010, se han enterrado miles de millones en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI). Este organismo estaba llamado a ser el “cerebro” y el “arma secreta” del embate independentista, como se constató en los preparativos del 1-O.

Pero esta potentísima infraestructura digital ha sido incapaz de absorber y de canalizar las peticiones en masa para obtener el certificado de vacunación. Es el precio a pagar por la corrupción estructural y sistémica que, desde hace años, corroe al CTTI.

Las grandes beneficiarias de los miles de millones que se ha gastado este organismo han sido las empresas tecnológicas privadas, que se han llevado la parte mayoritaria de este monumental pastel. Con la modalidad del “diálogo competitivo” -usada intensamente por el CTTI para adjudicar los contratos- se ha desterrado la convocatoria de concursos públicos y se ha abierto la puerta, descaradamente, al amiguismo y al tráfico de influencias.

Ahora que hemos constatado que el CTTI ha fallado nuevamente –los servidores de la Generalitat ya se colapsaron el año pasado con la convocatoria de ayudas a los autónomos- hay que exigir explicaciones y pedir responsabilidades políticas por este escandaloso caso de derroche de dinero público y de ineficacia.

En paralelo, se tiene que emprender una investigación en profundidad sobre este organismo, empezando por los contratos que ha recibido la empresa Deloitte, en la cual David Madí ocupó el cargo de director de consultoría estratégica poco después de salir de la política. El Parlamento tiene que crear una comisión de investigación, la Sindicatura de Cuentas tiene que poner la lupa (¡los últimos informes son de hace cinco años!) y la Fiscalía tiene que intervenir de oficio ante esta inconmensurable tomadura de pelo que nos cuesta un ojo de la cara y que se ha convertido en un agujero negro por donde se escapan miles de millones sin ningún tipo de rigor ni de control.

El vicepresidente y consejero de Políticas Digitales y Territorio, Jordi Puigneró –miembro del poderoso “clan” de Sant Cugat- tiene que salir y dar la cara. Primero, para pedir disculpas a los ciudadanos por el caos del portal Mi Salud. Después, para anunciar y adoptar, a continuación, contundentes medidas de transparencia en la gestión de los ingentes recursos que maneja el CTTI.

Nos ha costado muchos años de lucha y de sufrimiento poder recuperar la Generalitat y el autogobierno de Cataluña. En nombre de este sacrificio colectivo de muchas generaciones de catalanes, hace falta que la administración de la Generalitat, nuestra Generalitat, sea un ejemplo de eficacia y de honestidad, como nos prometió el presidente Josep Tarradellas, el restaurador de la institución, cuando volvió del exilio.

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