El gobierno español rectifica y dice ahora que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia sobre el castellano en las escuelas sí debe cumplirse. Es lo contrario de lo que decía el conseller de Educació, Josep González-Cambray, quien aseguró que la ministra de Educación, Pilar Alegría, le había garantizado personalmente que no deberían ampliarse un 25% las clases en castellano en las escuelas catalanas, como dice la sentencia.
Hasta ahora parecía que Moncloa se lavaba las manos y sostenía que era la Justicia quien debía pedir que esta sentencia se ejecutara. Ahora, sin embargo, hay un cambio de discurso y es la propia ministra Alegría quien asegura que la Generalitat está obligada a cumplir la sentencia.
“Ante una sentencia firme no hay debate, es de obligado cumplimiento por parte de cualquier administración pública; ya sea la Generalitat o cualquier ciudadano, estamos obligados al cumplimiento de la sentencia”, dice Alegría.
Por su parte, el PP mantiene la presión sobre el gobierno español e insiste en que si la Generalitat no obedece debería aplicarse el artículo 155 de la Constitución para que Madrid controle las competencias de Educación. El portavoz del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, dice que la medida estaría justificada, aunque cree que el ejecutivo de Sánchez debería tener otras formas de hacer cumplir la ley.
