Roger Torrent y su mesa, a un paso del juicio por desobediencia

La magistrada del TSJC también procesará a Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado

El ex-presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent
El ex-presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anunciado el fin de la fase de instrucción de la causa contra el ex-presidente del Parlamento Roger Torrent y el resto de miembros independentistas de la mesa, dejándolos así a un paso del juicio por un supuesto delito de desobediencia que habrían cometido al permitir, en noviembre del 2019, un debate a favor de la autodeterminación y otro en contra de la monarquía. La juez encargada del caso, Maria Eugènia Alegret, considera que existen indicios de la comisión del delito y ahora, las acusaciones -la Fiscalía y Vox- disponen de diez días para presentar los escritos pertinentes y pedir la apertura del juicio oral o el archivo de la causa.

Como Torrent, actual consejero de Empresa y Trabajo, el ex-vicepresidente primero de la mesa Josep Costa (JxCat), el ex-secretario primero Eusebi Campdepadrós (JxCat) y la ex-secretaria cuarta Adriana Delgado (ERC) también podrían ir a juicio para admitir la tramitación de dos resoluciones en el Parlamento que son contrarias a la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional sobre el ‘procés’ independentista. Concretamente, la que dictó el 2 de diciembre del 2015, en la que declaraba inconstitucional y nula la resolución sobre el inicio del proceso independentista en Cataluña y recordaba a la mesa su deber de «impedir y paralizar cualquier iniciativa parlamentaria que supusiera ignorar o eludir la suspensión acordada».

En este sentido, la Fiscalía considera que tanto el debate sobre la autodeterminación -admitido a trámite el 28 de octubre de 2019, a petición de la CUP- como la reprobación del rey -registrada el 22 de octubre por JxCat, ERC y la CUP- incumplen la sentencia del 2015 del Constitucional, mientras que Torrent, tal y como declaró ante la juez, defiende que la mesa actuó en defensa de «la libertad de expresión e ideológica de los diputados».

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