La plataforma Habitem les Drassanes está decidida a plantar cara al Ayuntamiento de Barcelona para evitar la construcción de una residencia de estudiantes en dos solares situados -uno al lado del otro- en la calle del Cid, junto al avenida de las Drassanes (Raval Sur). El proyecto prevé el levantamiento de dos edificios -uno en cada solar- de nueve y cinco plantas, con capacidad para 320 estudiantes, situados a sólo 160 metros de la nueva residencia de estudiantes que también se construirá en la parte baja del Paral·lel, con capacidad para 468. Además, en el mismo distrito de Sants-Montjuïc, en la calle Riera Blanca, está prevista la construcción de otra.
Habitem les Drassanes recuerda que, según el plan urbanístico vigente, se debe reservar el 25% de cualquier edificación a vivienda social, una ley que no cumple ninguna de las tres residencias previstas. Sin embargo, el área de Urbanismo -encabezada por la segunda teniente de alcaldía Janet Sanz, de quien depende la concesión de las licencias- no ve ningún inconveniente en aprobarlas; una posición que sorprende a la plataforma, porque Sanz era completamente contraria al proyecto anterior, que pretendía construir un hotel de lujo de la cadena Praktik en los solares de las Drassanes. En este caso, la titular de Urbanismo denegó la licencia, lo que le costó una demanda de la propiedad por prevaricación.
Según Meritxell Pérez, miembro de Habitem les Drassanes, el Ayuntamiento excusa a la promotora de reservar el 25% a vivienda pública porque el proyecto de la calle del Cid se basa en un plan urbanístico más antiguo -la reforma del plan especial de reforma interior ( PERI) del Raval, de mayo de 2002- en el que la definición general también obliga a reservar el 25% a vivienda social, pero que, en la aplicación práctica, no se hace. De hecho, cuando se desarrollan las ordenanzas reguladoras se pasa de reservar este porcentaje para “uso de vivienda” a reservarlo para “uso residencial”, lo que significa que no sólo se pueden construir viviendas, sino también residencias y hoteles.
Urbanismo también ha trasladado a la plataforma que «no ven ninguna anomalía» en el proyecto presentado, y que si todo es correcto «no ven porqué no» conceder la licencia. Sin embargo, la plataforma afirma que el proyecto presenta “irregularidades tanto en el ámbito arquitectónico como en el legal”, y está decidida a impugnar la licencia. Además de no reservar el 25% a vivienda social, los planos de la residencia de las Drassanes traspasan metros de un edificio a otro, sin que se haya aprobado ninguna modificación, y hay información relevante que no se ha entregado a la entidad.
De 600.000 euros a 22 millones de euros
Ante la negativa de la promotora a destinar ningún porcentaje a vivienda social, Habitem les Drassanes ha propuesto al ayuntamiento llegar a un acuerdo público-privado como el del Gimnasio Social Sant Pau, pero el consistorio lo ha declinado por el alto precio de los terrenos, con los que se ha especulado en los últimos 20 años.
En 1999, la UGT compró los solares de las Drassanes por casi 600.000 euros para construir el 100% de vivienda social, tal y como preveía el plan urbanístico de la época, pero no hizo nada, y en el 2003, cuando el Ayuntamiento redujo el porcentaje de vivienda social al 25% -con Joan Clos (PSC) como alcalde-, la UGT vendió los solares por 2,4 millones a una empresa. Dos años más tarde, se revendieron a otra sociedad por 8 millones y, finalmente, en 2015 la cadena hotelera Praktik los compró por 22 millones, con el objetivo de hacer el hotel de lujo que en 2017 el consistorio de Ada Colau -con Janet Sanz en Urbanismo- se negó a autorizar. Praktik comparte la propiedad de los solares con el marqués de Cerdanyola, Josep Maria Trénor Löwenstein, con quien se asoció para construir el hotel en unos terrenos que, en 22 años, han adquirido un valor 32 veces superior al inicial.
Dos proyectos iguales
Habitem les Drassanes asegura que los proyectos del hotel de lujo y la residencia de estudiantes son prácticamente lo mismo, algo que preocupa la plataforma porque, como explica Meritxell Pérez, “si cambian las cosas en el ayuntamiento y se levanta el veto de hoteles en Ciutat Vella, de manera que se pueden volver a dar licencias, a la propiedad no le costará nada pedir el cambio de residencia de estudiantes a hotel, y así tener lo que quería”. Sin embargo, la entidad defiende que la residencia y el hotel no solucionarán las necesidades de los vecinos del barrio -“pan, techo y trabajo”-, sino que contribuirán a la gentrificación.
