El Tribunal Supremo ha concluido que los indultos parciales concedidos por el gobierno de España a los dirigentes del procés presos no fueron injustos ni arbitrarios. El partido Derecha Liberal Española y el abogado José Ignacio Sánchez Rubio se habían querellado contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, a los que atribuían un delito de prevaricación que ahora la Sala Segunda del Supremo ha descartado investigar.
En el auto con el que ha inadmitido la querella, el presidente de la sala, Manuel Marchena, ha señalado que la medida de gracia la concedió «quien es competente» para hacerlo, y que los denunciantes no habían reflejado «el mínimo análisis» de los elementos del tipo delictivo cuya aplicación invocaban.
El fracaso de la vía penal coincide con la presentación, por parte del exdelegado del gobierno español Enric Millo, de un recurso contencioso-administrativo contra la concesión de los indultos, también en el Tribunal Supremo. Anteriormente, Vox, el PP y Cs interpusieron recursos por esta misma vía.
Sobre la vía contenciosa, la resolución del Supremo conocida este jueves también indica que no cabe un control jurisdiccional de las razones de la concesión, sólo de su coherencia.
