La Abogacía General del Estado ha evitado pronunciarse sobre la legalidad de los avales del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) a los 34 ex-cargos de la Generalitat condenados por el Tribunal de Cuentas por la promoción exterior del ‘procés’ independentista. Aunque la delegada instructora del caso, Esperanza García, solicitó un informe de urgencia al organismo para evaluar la admisión de los avales, la abogada general del Estado, Consuelo Castro, ha considerado que la emisión del escrito no procede porque la Abogacía ejerció de acusación durante la fase de instrucción del procedimiento.
En su informe definitivo, presentado este martes ante el Tribunal de Cuentas, Castro ha declarado que pronunciarse sobre la legalidad de los avales puede causar un «conflicto de intereses» y que se corre el «riesgo de nulidad» del procedimiento. Una argumentación que coincide con la del abogado del Estado Rafael García Monteys, quien, precisamente, solicitó a Castro que se pronunciara al considerar que la emisión del escrito podría afectar el papel que la Abogacía ha tenido en el procedimiento.
En la misma línea que García Monteys, la abogada general del Estado ha señalado que solicitar un informe a una de las partes sobre cuestiones que afectan directamente a los intereses del resto podría sugerir una predisposición del Tribunal hacia esta parte. Castro también ha considerado que el escrito podría afectar a los principios de contradicción e igualdad que requiere el procedimiento.
