El vicepresidente del Gobierno y consejero de Políticas Digitales y Territorio, Jordi Puigneró, ha reclamado al Ejecutivo central que rescate las cuatro autopistas catalanas que mantendrán los peajes a partir del 1 de septiembre, cuando se eliminen las barreras de la AP-2 -entre el Papiol y Montmeló, de la AP-7 -entre Tarragona y la Jonquera-, la C-32 norte -de Barcelona a Lloret de Mar- y la C-33 -de Barcelona a Montmeló. Puigneró ha valorado en unos 1.500 millones de euros el rescate, que incluiría los túneles del Cadí, los de Vallvidrera, la C-16 de Sant Cugat en Manresa y la C-32 sur -de Castelldefels al Vendrell-, y ha pedido al Gobierno español que actúe como ha hecho en otros lugares del Estado.
«Estos rescates que se han producido por valores importantes, como podrían ser por ejemplo los 3.000 y 4.000 millones que ha costado rescatar las radiales de Madrid, pedimos también al gobierno del Estado que lo aplique también en Cataluña a las infraestructuras que quedan aún con peaje», ha reclamado el vicepresidente. Quince días atrás, Puigneró también pidió el traspaso de las dos vías del Estado que se liberan el próximo miércoles, la AP-2 y la AP-7.
Hasta que se decida qué modelo se aplicará en el ámbito estatal, las autopistas sin peajes se financiarán con los presupuestos autonómicos, de forma que, a partir del 1 de septiembre, durante los próximos dos años la Generalitat asumirá los costes de mantenimiento de las vías que se liberan. El Gobierno considera que será un gasto «asumible» y, según afirmó el secretario general de la Vicepresidencia, Ricard Font, será de unos 6 millones de euros anuales, unos 7,5 millones de euros para eliminar los restos de infraestructuras de los peajes y 15 millones de euros más cada cinco años en mantenimiento de tipo extraordinario.
Así pues, de momento, la tarifa plana anual basada en el modelo de viñeta que defendía Puigneró queda aparcada, y la Generalitat esperará a que el Ejecutivo central, encabezado por el presidente Pedro Sánchez, desarrolle un nuevo modelo de financiación de las autopistas, el cual entraría en funcionamiento el 2024. «No sabemos qué modelo quiere aplicar el Gobierno, pero el Gobierno de la Generalitat está dispuesto a asumir competencias incómodas como las carreteras, como ya hizo con las cárceles», aseguró Puigneró, insistiendo en el traspaso de la gestión de las autopistas.
