La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido procesar los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos el pasado 2019, en la operación Judas, por pertenencia a una organización terrorista y por tenencia y fabricación de explosivos, según ha publicado La Vanguardia.
Los 13 detenidos están acusados de planear, presuntamente y según el informe que la Guardia Civil presentó al juez Manuel García Castellón, sabotajes y atentados como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes del ‘procés’ independentista. Entre los supuestos objetivos se encuentran el líder del PP, Pablo Casado, el ex-concejal del Ayuntamiento de Barcelona Manuel Valls o el ex-secretario de Ciudadanos, José Manuel Villegas, entre otros.
Concretamente, al delito de pertenencia a organización criminal del que se acusa a los 13 detenidos, la Fiscalía ha pedido sumar para 9 de los acusados los delitos de tenencia y fabricación de explosivos. Según argumentan en el escrito que han presentado en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, los investigados «habrían superado la actividad» del marco de los CDR y conformado «una organización terrorista paralela de carácter clandestino y estable», y con el objetivo de «llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados».
La Fiscalía considera, pues, que los investigados querían conseguir la independencia de Cataluña «empleando la violencia en su máxima expresión» y forzando «de manera coercitiva» a las instituciones. Para ello, según el escrito fiscal, utilizarían explosivos y sustancias incendiarias «fabricadas en los dos laboratorios clandestinos que la misma organización tenía instalados en dos domicilios particulares».
«A la vista de las evidencias recogidas, los manuales intervenidos, las anotaciones manuscritas, así como la observación del entorno donde fueron encontradas se puede deducir que la acción perseguida por los investigados era la implementación de un laboratorio casero e ilegal para la génesis casera de sustancias explosivas, incendiarias y/o deflagrantes «, concluye el escrito. Los acusados formarían parte del llamado Equipo de Resistencia Táctica (ERT) de los CDR, y han negado categóricamente las acusaciones.
Apoyo político a los detenidos
Tras conocer la noticia sobre la petición de la Fiscalía, la consejera de Justicia de la Generalitat, Lourdes Ciuró, ha tachado los hechos de «escándalo» y ha defendido la amnistía para los acusados. «Es un escándalo que la justicia española procese por terrorismo a personas que yo misma conozco y que de ninguna manera lo son. Si el Estado quiere encontrar soluciones políticas, primero debe comenzar por la amnistía. El diálogo y la represión son términos incompatibles», ha escrito en Twitter.
Por otra parte, la diputada de la CUP en el Parlamento Laia Estrada también ha dado su apoyo a los investigados, y ha criticado lo que califica de «montaje»: «Toda la solidaridad y el apoyo para las detenidas del 23-S y familiares , máximo agradecimiento a Alerta Solidaria para visibilizar y denunciar con contundencia y desde un principio la magnitud de este montaje orquestado para criminalizar a los CDR«.
