El consejero de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, ha sido imputado por un delito de desobediencia, presuntamente cometido cuando, siendo presidente del Parlamento de Cataluña, la Mesa de la cámara permitió la tramitación de resoluciones vinculadas al procés, en contra de las instrucciones del Tribunal Constitucional (TC).
La magistrada del TSJC María Eugenia Alegret ha citado a Torrent para que declare como investigado el próximo 15 de septiembre, junto con los otros tres miembros independentistas de la Mesa del Parlamento catalán de la anterior legislatura: la otra representante de ERC, Adriana Delgado, y los dos de JxCat, Josep Costa y Eusebi Campdepadrós.
Alegret se ha alineado con la petición de la Fiscalía, que acusa a Torrent, Delgado, Costa y Campdepadrós de tramitar resoluciones favorables al derecho de autodeterminación y de reprobación de la monarquía pese a las advertencias del secretario general del Parlamento de Cataluña de que incurrirían en una legalidad si lo hacían.
Torrent fue específicamente advertido por el TC de que su deber era «impedir o paralizar» cualquier iniciativa parlamentaria similar a las que el propio tribunal había anulado, referentes al ejercicio del derecho a la autodeterminación y a la reprobación del papel del rey Felipe VI.
El consejero y expresidente del Parlamento catalán ha reaccionado a su citación expresando en Twitter que «la maquinaria represiva continúa en marcha para limitar y perseguir la libertad de expresión». «El Parlamento es el templo de la palabra y del debate, intentar censurarlo es un grave error que va en contra de la democracia», ha concluido.
