El presidente y los directivos de la Federación Catalana de Fútbol, acusados de “enchufar” a sus parientes

La entidad contrató a detectives para espiar al presidente del CF Gavà, Iván Carrillo, crítico con la gestión de la actual junta directiva

El juzgado de instrucción n.º 15 de Barcelona investiga una presunta trama generalizada de corrupción del presidente de la Federación Catalana de Fútbol (FCF), Joan Soteras, y sus personas de confianza, a raíz de una denuncia anónima interpuesta ante la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), en 2020. Esta denuncia fue trasladada a las instancias judiciales, dada la gravedad de los hechos expuestos y la complejidad para objetivarlos, puesto que la OAC no tenía los medios para hacerlo.

Según las actuaciones que se siguen en el sumario 1137/2020 del juzgado de instrucción n.º 15 de Barcelona, de más de un millar de folios, el presidente de la FCF, Joan Soteras, y sus personas de confianza estarían siendo investigadas por haber contratado servicios inexistentes o injustificados por un valor de 1.377.000 euros durante los años 2019 y 2020.

En la denuncia anónima que dio lugar a esta investigación, se acusa al presidente Joan Soteras de ordenar la contratación de su nuera, sin proceso de selección, con un salario anual de 50.000 euros. A su hijo lo ha enchufado en la Mutua de Futbolistas. Además, hizo pagar a su yerno (el futbolista Lucas Viale) 30.000 euros por servicios inexistentes a través de la Fundación de la Federación para eludir así los mecanismos internos de control.

La denuncia afirma que tiene en nómina a Josep Ayuso, ex-concejal de Deportes de Sabadell, que ya está contratado por la Federación Española de Fútbol (RFEF) a jornada completa. Entre otras irregularidades, se acusa a Joan Soteras de pagar primas ilegales al director general de la FCF, José Miguel Calle, para que pudiera cubrir las sanciones que le impuso la Seguridad Social por un valor de 75.000 euros. Además, contrató, sin proceso de selección, al hijo del director general, Iván Calle, con un sueldo de 2.000 euros al mes.

Un hecho todavía más grave es que ordenó el espionaje de la vida privada de su opositor a las elecciones a la FCF, Iván Carrillo, presidente del CF Gavà, a través de dos agencias de detectives, cosa que comportó un coste total de 145.000 euros. En la denuncia también se le acusa de pagar dietas injustificadas a algunos de sus directivos por actividades inexistentes; de la contratación de familiares de los tres vicepresidentes –Josep Vives, Josep Llaó y Jordi Bonet– sin ningún proceso de selección ni necesidad para la entidad, y de la facturación supuestamente irregular, a través de diferentes empresas de directivos o familiares directos, por contratos de césped natural, estancias en hoteles o servicios de ambulancias.

Los artículos 140 a 148 del decreto 58/2010, de 4 de mayo, de las entidades deportivas de Cataluña, prohíben cualquier tipo de contraprestación económica a favor de los directivos, si no lo aprueba expresamente la asamblea general. Además, se tienen que abstener cuando toman decisiones sobre cuestiones en las cuales tienen interés, y tampoco pueden contratar empresas de su propiedad o de familiares directos. Todas estas prohibiciones, así como las que establece el mismo código ético y de conducta de la Federación, habrían sido presuntamente ignoradas por el presidente Joan Soteras y las personas de confianza de su entorno, hechos que podrían constituir un delito de administración desleal y de corrupción entre particulares.

El sumario del juzgado de instrucción n.º 15, que está repleto de documentación (contratos, facturas, movimientos bancarios…), probaría la inmensa mayoría de estas presuntas irregularidades y situaría al presidente Joan Soteras, a su director general (que ya está imputado en esta causa y en otra) y a algunos de sus vicepresidentes y directivos más fieles en una situación próxima a la imputación los próximos días o semanas, puesto que el juzgado está pendiente de recibir un informe de la Fiscalía para ampliar la investigación. Este informe también se tiene que pronunciar sobre si se pueden personar como acusación popular algunos miembros de la junta directiva del propio Joan Soteras y algún club catalán, que ya lo pidieron hace casi tres meses.

El presidente Joan Soteras está contra las cuerdas, pero, de momento, no parece que tenga intención de dimitir. Sin embargo, cada vez más clubes se están sumando al voto de censura contra él y su junta directiva, para poder “limpiar” la FCF de una vez por todas.

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