El uso masivo de los combustibles fósiles, que han sido la base del crecimiento económico de los últimos 150 años, se acerca a su agotamiento. Por otra parte, hay un amplísimo acuerdo científico en que su combustión libera cantidades ingentes de CO2, gas que provoca el cambio climático, con el calentamiento de la Tierra. Por tanto, no queda más remedio que dejar de utilizar carbón, gas y petróleo si se quiere cumplir el Acuerdo de París de 2015 de limitar a un máximo de 2ºC el incremento de la temperatura media de la Tierra en relación con la situación preindustrial.
El Parlamento Español acaba de aprobar una Ley de Cambio Climático, que pretende la descarbonización total del país en el horizonte del año 2050. Para lograr este objetivo hay que desplegar las energías renovables, que no producen CO2 y además son inagotables.
El abandono de los combustibles fósiles y el cierre de las centrales nucleares a partir de 2030 hará que hasta 2050 tengamos que producir de manera diferente al menos la mitad de la energía eléctrica que consumimos actualmente; la electricidad es en España sólo un 25% del consumo total de energía. A este proceso se le llama «transición energética.
Las energías renovables son absolutamente necesarias y deseables. Pienso, sin embargo, que no cualquier energía renovable, hecha de cualquier manera, es buena. También la alimentación es imprescindible, pero según qué se come la salud queda gravemente afectada. Se está siguiendo un modelo de implantación que reproduce el que se aplicó en el caso de los combustibles fósiles: grandes centros de producción alejados de los centros de consumo, y unas pérdidas de un 15% de la energía producida en el transporte. No en vano casi el 60% de la producción de renovables de todo el Estado corresponde a las mismas seis grandes compañías energéticas tradicionales.
Tal como se hace la transición energética en el campo eléctrico no es un verdadero cambio de modelo global; sólo se modifica el sistema de producción y todo lo demás sigue punto por punto lo que ya conocemos, incluyendo el paso por un contador. Continuaremos siendo consumidores, sometidos a estrambóticas leyes del mercado, cuando podríamos ser productores. Hay que avanzar hacia un modelo descentralizado, cosa que no era posible hacer con los combustibles fósiles o la energía nuclear.
Estamos asistiendo a una floración de proyectos para implantación de energías renovables, debido a cambios legislativos y también los fondos Next Generation EU por paliar los efectos de la pandemia (750.000 millones de euros). Casi un 30% de los que recibirá España se dedicarán a la transición energética.
Las empresas promotoras han visto que es su momento. Quizás el caso más paradigmático y más peligroso en nuestro país es el proyecto (que ha comenzado a moverse) de instalar un parque eólico marino en el Golfo de Roses, con aerogeneradores flotantes de 258 metros de altura (la torre central de la Sagrada familia, cuando esté terminada, tendrá 172) y con una potencia total de 1.000 MW (como un grupo de la nuclear de Ascó). Si esta macrocentrales se construyera, produciría importantes impactos ambientales, paisajísticos, económicos y sociales que no se compensarían con supuestos beneficios (no demostrados por ahora), más allá de contribuir a la lucha contra el cambio climático.
Pero ¿es que no hay otra alternativa para luchar que con una instalación que cambiará para siempre la contemplación del mar desde Cadaqués, l’Estartit o Empúries, por mencionar sólo uno de los impactos más significativos?
Puede parecer poco coherente oponerse a según qué tipo de implantación de energías renovables y al mismo tiempo bramar para evitar el cambio climático. La mía no es una posición egoísta ni soy un nimby pasado de moda. Necesitamos un nuevo modelo energético al servicio de la gente, no del mercado; que contribuya al equilibrio territorial, no a su destrucción. Hay que buscar alternativas a los macroproyectos para generación eléctrica que nos amenazan, basadas tanto en el ahorro como en la creación de comunidades energéticas locales (<10 MW), con alta rentabilidad social y poco impacto ambiental. Debemos reflexionar, planificar el territorio para determinar cuál es su capacidad de carga ante la instalación de centrales eólicas y fotovoltaicas y, sobre todo, garantizar la capacidad de decisión de los ciudadanos afectados.
Las energías renovables son la gran oportunidad de este siglo y a la vez una verdadera amenaza (ambiental, económica y social) si no se hacen las cosas suficientemente bien.
