La fiscalización de los gastos de la Generalitat en materia de exteriores entre los años 2011 y 2017 por parte del Tribunal de Cuentas recopila datos no sólo de la consejería de Exteriores como órgano del Govern, sino de otros organismos de la Administración catalana como el Diplocat (tal y como ya publicó EL TRIANGLE en su número 1.441), las delegaciones en el exterior, la Agencia para la Competitividad de la Empresa (Acc1ó), el Institut Ramon Llull (IRL), el Instut Català d’Indústries Culturals (ICEC), la Agencia Catalana de Turismo (ACT), la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) y la Casa de la Generalitat de Perpignan.
Los gastos más escandalosos se refieren a los realizados en las delegaciones o embajadas de la Generalitat, en las que hay multitud de irregularidades, desde gastos no computables hasta facturas a nombre de los propios jefes de las delegaciones (que ya de por sí tenían salario de director general), o encargos sospechosos por actos que no eran propios de su labor, sino de las campañas para vender la independencia en el extranjero.
Tanto es así que el Tribunal de Cuentas encontró pruebas de que las embajadas estaban para algo más que para ser oficinas comerciales: “En el caso de la Delegación en Alemania, se elaboró una nota con fotografías en que se muestra cómo se acondicionaron los espacios para la votación y se refleja cómo se desarrolló la jornada. Por otra parte, en esa delegación se ha localizado el pago de 1.693,37 euros por el envío urgente de todas las papeletas de dicha votación del Departamento”, relata el informe del Tribunal de Cuentas.
Entre las singularidades detectadas, el informe del Tribunal de Cuentas llama la atención por la ocultación de un viaje del director general de Relaciones Exteriores, que se reunió en Nueva York con el delegado general de Quebec. Ese viaje, realizado el 15 de enero de 2013, no consta en ningún listado del Govern. En aquel momento, el entonces presidente, Artur Mas, trataba de ganar aliados en el panorama internacional y estaba pagando cantidades millonarias al think tank Independent Diplomat para intentar conectar y mantener reuniones al más alto nivel con gobiernos extranjeros.
En abril del 2015, el entonces presidente Artur Mas viajó a Nueva York e impartió en la Universidad de Columbia la conferencia Cataluña en una encrucijada. Mantuvo reuniones e intervino también en un desayuno-coloquio. Por el viaje del presidente, la Generalitat tuvo que pagar 107.891,68 euros, además de otros 5.653,68 del secretario de Afers Exteriors y 3.038,57 por el del director general. La delegación en Estados Unidos cubrió otros 5.949,39 euros de gastos. La acción de propaganda le salió a los ciudadanos catalanes, pues, por la friolera de unos 122.000 euros.
El 15 de septiembre de ese año, el secretario de Afers Exteriors y el del Diplocat viajaron a Bélgica para asistir a la comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Federal de Bélgica, donde explicaron “el proceso soberanista catalán y las consecuencias de las elecciones del 27 de septiembre”. El desplazamiento costó casi 11.300 euros.
Sin reparar en gastos
Los viajes con gastos desorbitados al extranjero eran moneda común. Un desplazamiento de Carles Puigdemont a Londres para pronunciar la conferencia Trazando un camino hacia la independencia catalana costó casi 30.000 euros. El conseller de Exteriors, Raül Romeva, fundió otros 32.000 euros en un viaje a Nueva York el 13 de septiembre de 2016. Y otro viaje de Puigdemont con Romeva, también a Nueva York, del 26 al 31 de marzo de 2017 costó al erario casi 110.000 euros. Una semana más tarde, volvía Puigdemont para hacerse una foto con el ex presidente Jimmy Carter, que supuso un gasto añadido de casi 19.000 euros.
En 2016, del 13 al 16 de septiembre, hubo otro viaje de la cúpula de Exteriores a Nueva York: supuso un gasto total de más de 33.000 euros. El 31 de agosto de 2017, cuando Carles Puigdemont inauguró la embajada en Copenhague, el viaje provocó un desembolso de unos 11.000 euros.
En Londres, parte de la documentación desapareció, según justificó el embajador, porque la tiró por error a la basura el personal de la limpieza. Así, quedaron sin justificar 302.793,51 euros de gastos durante el año 2016 y hasta el 31 de mayo del 2017. En Gran Bretaña, “se esponsorizó el observatorio catalán de la London School of Economics (LSE) por el concepto Programa anual conferencias. No obstante, debe señalarse que las delegaciones no pueden realizar aportaciones de esponsorización como es este caso, teniéndolo prohibido por sus normas económico-financieras”, afirma el Tribunal de Cuentas. La iniciativa costó 6.811,78 euros. En Londres, se pagaron, en 2017, más de 10.000 euros en informes que no se han encontrado nunca.
Las cuotas del club privado del embajador
Sí existe constancia de que ese año se compraron dos iPhone 7 por 1.453 euros, un teclado iPad de 186 euros y un iPod de 931 euros sin que ninguno de estos bienes figure en el inventario de la delegación. Tampoco figuraban una cámara de fotos de 322 euros, un proyector y accesorios de 532 euros y una pizarra flipchart y accesorios por 353 euros. El delegado en Londres abonó, entre 2013 y 2015, 3.851,70 euros por cuotas de suscripción a un club privado “sin que se justifiquen los motivos o finalidad de dicha suscripción y su necesidad para el mantenimiento y la gestión de todas las unidades de la Delegación”.
En la Delegación del Reino Unido constan abonadas comidas con funcionarios, diputados o altos cargos de la Administración: en el 2013, se contabilizaron gastos por comidas de este cariz 1.408,51 euros; en 2014, 1.165,09 euros; en 2015, 3.898,96 euros; en 2016, 4.242,34 euros; y en 2017, 15.385 euros “sin indicar el motivo de dicho abono y efectuándose con personas que por su condición deberían disponer de sus propias dietas”. El entonces ‘embajador’, Sergi Marcén, además, se hizo pagar de fondos oficiales 1.203,91 euros de un viaje para poder estar presente en Barcelona durante la jornada del 1 de octubre del 2017, fecha del referéndum, lo que para el Tribunal de Cuentas es un gasto no justificado.
El desbarajuste de Viena y Roma
En Austria, durante 2016 hay 5.218 euros con el concepto “viajes y hoteles invitados” sin ningún detalle más. Otros 9 pagos por 4.480 euros son por vuelos de “invitados de la delegación, careciendo de todo otro detalle”. Además, en 2017 hay 4.551 euros en hoteles y 3.704 euros en vuelos de asistentes a un encuentro de Casales catalanes. En 2017, el embajador, Adam Casals, pagó 3.146 euros a una empresa de ingeniería de Barcelona por el concepto de “apoyo organización visita de la Cámara de Comercio Regional del norte de Chequia a las Químicas de Tarragona”. El pago es irregular, según el Tribunal de Cuentas. Y existen gastos por 22.724 euros sin las debidas facturas justificativas durante ese ejercicio.
Tal era el desbarajuste que Viena contabilizó 321 movimientos contables en 2017 por 7.885 euros “en los que aparece como tercero el propio delegado”. Es decir, que fueron pagados al embajador, que ya de por sí tenía salario de director general. Además, todos los gastos atribuidos a él fueron contabilizados el mismo día: el 11 de septiembre de 2017, la Diada de Cataluña. Esa manera de proceder, dice el Tribunal, “es contraria a las normas de contabilización y custodia de los justificantes, por cuanto varios de los gastos no corresponden a los propios del fondo de maniobra en la medida en que no se justifican con tickets, sino con facturas”.
En Italia, desde 2015 a 2017, de pagaron más de 25.000 euros a una empresa para “actividad continua de actualización, preparación de documentos estratégicos y mapeo de stakeholder relevantes para la Generalitat”. Nadie conoce qué se hizo, ni las horas invertidas en ello. Sólo lo que se ha pagado. Entre noviembre de 2016 y junio de 2017, se pagaron otros 29.000 euros a otra empresa para el “asesoramiento y asistencia profesional”. El contrato especificaba que la empresa debía “llevar a las instituciones italianas las demandas de autonomía del Gobierno catalán y abrir un dialogo fructífero y constante sobre la evolución política española”, lo que desborda el ámbito competencial de la Generalitat. En 2017, dos pagos más por 15.225 euros fueron por “asesoramiento legal a la delegación del Gobierno de Cataluña”, pero no hubo ningún contrato ni documentación sobre el trabajo.
“Convenios secretos”
El 19 de setiembre de 2017, Raül Romeva viajó a Roma para presentar un libro. Aprovechó para apoyar el referéndum que se iba a celebrar diez días después. La visita costó 2.119 euros, más 1.925 euros de gastos diversos. En Roma, el delegado en Italia suscribió el 22 de mayo de 2017 un convenio con un instituto comprometiéndose a aportar 8.500 euros en un convenio calificado de “secreto” para editar un libro sobre la “realidad” de Cataluña. Según el Tribunal, ese convenio es ilegal, porque el delegado no puede suscribir convenios similares.
No era la primera vez: el 23 de noviembre de 2016, firmó otro convenio con el mismo instituto de estudios de geopolítica para editar un monográfico sobre Cataluña en la revista de esa institución, por el que pagó 10.262 euros más 1.925 euros de gastos del acto de presentación. En marzo de 2017, la Generalitat abonó a un instituto de estudios 4.069 euros por trabajos “de videodocumentación, propaganda y panificación de un panel de discusión titulado El centralismo significa menos democracia. Por ejemplo, Cataluña”. A ese dinero hay que añadir 1.573 euros del viaje del director general y otros 777 euros de gastos diversos.
Aparte de los dispendios supuestamente irregulares, no hay justificantes de gastos de 2017 por 88.050 euros correspondientes a las embajadas de Estados Unidos (41.871 euros), Austria (22,724 euros), Croacia (4.878 euros) y Polonia (18.575 euros). Si a ello se le contabilizan los más de 302.000 euros de la documentación tirada a la basura en Londres, no hay evidencia de en qué se gastaron 390.000 euros.
*Puede leer el reportaje íntegro en la edición de esta semana de EL TRIANGLE
