El miedo a perder el patrimonio puede condicionar al próximo Govern

El sistema político y judicial español ha visto, desde hace años, que la sanción económica es una vía perfecta para atacar al independentismo y atemorizar a algunas figuras. Ya en su día, con Artur Mas o Carles Puigdemont como presidentes, sobrevolaban amenazas de pérdida de patrimonio familiar, reclamaciones de fianzas previas a los juicios y multas millonarias para intentar hacer un aviso para navegantes del procés.

Desde que los procesos judiciales derivados del 1-O se desencadenaron, sin embargo, periódicamente se vuelven a poner en marcha este tipo de estrategias cada vez que se nombran a nuevos cargos, hay elecciones o pueden entrar en política nuevos independentistas. Y, casualidad o no, el Tribunal de Cuentas ha citado a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas y a una treintena de excargos del gobierno catalán para reclamarles dinero gastado en la promoción del procés  y por la acción exterior de la Generalitat, y lo hace justo cuando los independentistas intentan conformar un nuevo ejecutivo con nuevos consejeros. Y esto, sin admitirlo en público, preocupa a JxCat y ERC por el efecto miedo que puede tener entre aquellos a quienes les ofrezcan un cargo.

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