El diputado Francesc de Dalmases estuvo cobrando facturas aparentemente indebidas durante años a cuenta de las subvenciones que recibían la fundación Catmon y la asociación Igman. Así consta en algunos de los atestados del sumario Voloh, que investiga el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona bajo la batuta del juez Joaquín Aguirre. Algunos de los funcionarios de la Diputación de Barcelona que supervisaban los gastos fueron amenazados y presionados por directivos hasta el punto de que hubo ataques de ansiedad.
Según consta en un informe de la Guardia Civil, De Dalmases percibió por dirigir la revista Catalan International View entre 2014 y 2017 “un total de 139.826,40 euros, es decir, el equivalente al 23,79% de las subvenciones percibidas por la fundación Catmon”. Obviamente, la revista pertenecía a esta fundación.
Paralelamente, de la asociación Igman percibió 2.880 euros en 2014 y 3.381,30 euros en 2015. Para justificar gastos, también cobraban otros dirigentes de estas entidades, como Judit Aixalà o Joaquim Milla, que fue despedido por De Dalmases en diciembre de 2013 “por motivos fundamentalmente disciplinarios”. Sin embargo, siguió facturando los siguientes años a Catmon como autónomo. La causa real del despido era poder justificar ese gasto, ya que la ley restringe la posibilidad de subvencionar los gastos de personal.
Según constan en los documentos judiciales, De Dalmases fue retribuido, principalmente, por Catmon, “siendo complementadas sus percepciones desde otros organismos públicos catalanes y también desde Igman”. A las entidades de las que formaba parte como directivo facturaba de dos maneras: como autónomo o a través de su empresa Discatimat.
La intervención de Jordi Castells
Una de las técnicas que trabajaba en la Diputación, A. R., que era jefa de sección, declaró ante el juez el 18 de junio de 2018 algunos de los episodios vividos en la institución. “Recuerda que las facturas del señor Dalmases les llamaron la atención porque consideraban que no se podía aceptar facturas a personas de la institución. Intervención, en un primer momento, les dijo que, efectivamente, no podían aceptarse las facturas. Tras hablar el señor Castells con Intervención, se aceptaron las 4 facturas”, se recoge en su declaración.
Se refiere en esa declaración a Jordi Castells, responsable de relaciones internacionales de la Diputación, un directivo cuya actuación queda en entredicho, según los documentos del sumario. De Dalmases cobraba casi 3.000 euros mensuales por dirigir la revista ONGC, editada por Igman. Pero también arañaba otras cantidades que cobraba a través de una empresa mercantil denominada Discatimat.
La funcionaria tenía razón. Un correo electrónico que le había remitido la jefa de la unidad técnica de control interno señalaba concretamente: “Consideramos que no serían admisibles las cuatro facturas imputadas en la justificación de la subvención, puesto que se han emitido por personas vinculadas con el beneficiario, se desconoce que se hayan realizado de acuerdo con las condiciones normales de mercado. No se decía nada al respecto en las bases reguladoras ni se han autorizado por la Corporación”.
El responsable del seguimiento administrativo de la Diputación también le remitió otro correo en el que especificaba que “resulta que la entidad presenta como justificación cuatro facturas en las que figura como acreedor el señor Francesc Dalmases i Thió, que casualmente es también el secretario y representante legal de la fundación. Está claro, si miramos la Ley General de Subvenciones, esto es incompatible”.
No era el único gazapo, pues la funcionaria relató también que “respecto de Discatimat, se dieron cuenta de que Víctor Terradellas estaba en Igman y en Discatimat. Igman sacó la fatcura donde constaba Víctor Terradellas y el tema se arregló”. Terradellas era el socio de De Dalmases y responsable de relaciones internacionales de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).
Ataques de ansiedad
La funcionaria manifestó en el juzgado que “en su trabajo, la situación personal era muy incómoda. Llegó a pedir alguna baja. Tuvo ataques de ansiedad. Hubo un número de técnicos que no querían seguir a Jordi Castells. S. C. fue uno de ellos”. Ante la Policía ya había reconocido que debido a su actitud reticente a pasar por alto algunas irregularidades (y no sólo en el caso de Catmon e Igman) había recibido presiones.
Así, cuando compareció ante el magistrado, se ratificó en que había padecido mobbing “y dice que a veces se sintió amenazada. Lo fue en el 2013. La declarante constató que actas de becas a las que se le daba más plazo del debido. Se negó a firmar algunas actas. Por ello, el director y Jonathan Jorba le llegaron a decir que le bajarían el sueldo. Le pusieron otra persona para trabajar junto a ella”. Además, aseguró que “otras compañeras también sufrieron situaciones como ella. Cuenta, así, el caso de 4 funcionarias que tuvieron problemas.
Otro técnico, I.R., “admite las facturas de Francesc Dalmases, a pesar de sus objeciones previas, previa consulta del departamento de Hacienda con Jordi, lo cual hace constar en su informe. Algunas facturas están sobredimensionadas y otras, pagadas antes de su emisión. Finalmente, se aprueba el segundo pago antes de la emisión del informe de conformidad de las justificaciones del primer pago”.
Tras comenzar a investigarse el caso, tanto Castells como Jorda fueron cesados. El primero fue nombrado subdirector general de Cooperación Local de la Generalitat. El segundo fue “inmediatamente recolocado en el Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat)”, según recoge un informe de la Guardia Civil de enero de 2020.
“Justificaciones incongruentes”
En uno de sus informes, la Guardia Civil relata cómo De Dalmases presentó “justificaciones incongruentes” en uno de los expedientes de la Diputación. “Se produce un reiterado incumplimiento de las bases. Mantienen [Dalmases y otros directivos] reuniones con Jordi Castells y Octavi de la Varga durante la tramitación del expediente. Finalmente, la justificación final se aprueba por un técnico diferente –Santiago Comas– a pesar de no enmendarse los incumplimientos y de la falta de veracidad de las actividades”.
En otro informe, se recoge que este técnico admitió que se reunió con Jordi Castells y con Francesc Dalmases “en relación a una subvención por un proyecto en Opstina Trnovo, donde ambos mantenían una relación cordial y le presionaron para que diese el visto bueno a la justificación final, accediendo”.
En otro de los expedientes, señala la Guardia Civil, “presenta todo tipo de justificaciones con el objetivo de responder a los requerimientos de los técnicos e incluso declaraciones juradas faltando a la verdad. El destino de los fondos subvencionados fue a parar a un círculo muy concreto de personas vinculadas a las entidades ya especificadas, entre las que se incluye Discatimat, empresa del propio Francesc Dalmases”.
Ánimo de lucro
En ocasiones, los fondos pagados a través de esas facturas “fueron inmediatamente utilizados para adeudos en tarjetas de crédito, gastos personales como parquing de vehículo a nombre de Víctor Terradellas y a nombre del partido CDC, o pagos de restauración en el negocio de la pareja de Francesc Dalmases, según el análisis de las cuentas bancarias”. En otro de sus párrafos, este informe señala que “gran parte del dinero otorgado se destina a pagar tanto a Discatimat como a Francesc Dalmases como profesional y ante tan evidente relación e identidad de los fundadores y de la sociedad, se pone en tela de juicio la gratuidad y ausencia de ánimo de lucro así como el haber incurrido en prohibiciones de la normativa de subvenciones”.
Una de las subvenciones otorgadas a Igman justificó el gasto del dinero público con una factura de Francesc Parés, tesorero de la propia asociación, en la que figuraba como fotógrafo. Esa factura la extendía “por servicios efectuados en calidad de formador de otro supuesto formador en Bosnia. Este, a su vez, formará al personal de una empresa local (Empo Doo), quienes, a su vez, formarán a familias en materia agraria rural. Todo ello se acredita únicamente con una declaración jurada de Francesc Dalmases y sus facturas. En el análisis del expediente, resulta todo muy incongruente. Además, tanto a la empresa bosnia Empo Doo, como a su representante, Izet Falan, va a parar gran parte del dinero recibido por Igman de los fondos públicos”. Falan era, en realidad, el director de Igman en Bosnia. “Los justificantes de pago a esta empresa [se refiere a Empo Doo] fueron irregulares y su participación carece de sentido lógico, pues parece que se hace un doble trabajo por el que se factura. Además, en la formación en Barcelona, se aportaron justificantes muy irregulares, habiendo asistido el propio Izet Falan y Mehmed Ujkasevic, personas que no cumplirían el perfil de esa formación”.
En otro expediente posterior, el grupo vuelve a reproducir la jugada: Parés “factura a la asociación por asesoramiento y formación duplicando exactamente la factura que se presenta de Discatimat. Dicha formación debía ir dirigida a dos técnicos para el desarrollo y mantenimiento de una web, Guía Digital Trnovo. Sin embargo, al parecer, asisten el presidente de una asociación recurrentemente favorecida por Igman y otra persona que sería profesor asistente en la Universidad de Sarajevo y con formación en materia económica”.
En otra ocasión, un consejero de distrito de Barcelona, Jordi Feixas, perteneciente a ERC (en realidad, es el militante que registró el dominio de sumate.cat), emitió una factura para justificar una subvención de Igman. El trabajo era la “formación de técnicos en desarrollo y cooperación y mantenimiento de página web”. Según el informe de la Guardia Civil, esa persona carecía de la formación técnica necesaria para impartir esa clase de formación, además de que “la factura está duplicada con una de la empresa Discatimat”.
El modo de proceder de para cobrar subvenciones es muy curioso. En una de las subvenciones recibidas de la Diputación, por un monto de 24.063 euros, se justificaron los gastos de la siguiente manera: se imputan 14.790 euros a recursos humanos, servicios externos y gastos indirectos, “de los cuales 11.652,20 euros son transferencias realizadas hacia una cuenta de Francesc Dalmases en concepto de ‘tareas de dirección’ y 10.000 euros en facturas de la empresa Discatimat (Estudilogo) por ‘digitalización y actualización de la web obngd.cat’”.
Dos de las facturas fueron pagadas antes de su emisión. Además, hay un informe negativo de un técnico por duplicidad de facturas. En el expediente constan “continuas reformulaciones en las partidas presupuestarias son cambio en el contenido del proyecto correspondiente”, además de superar el 5% en gastos indirectos. Un técnico de confianza de la Diputación informó positivamente de las facturas presentadas “a pesar de las evidentes deficiencias y habiendo informado negativamente con anterioridad”.
Y subraya el informe que “las facturas emitidas a favor de Francesc Dalmases estarían consideradas prohibidas a tenor del artículo 29.7 de la Ley General de subvenciones, como establecen los estatutos de Catmon con respecto a los patronos”.
Expedientes desaparecidos
Algunos expedientes de la Diputación de Barcelona relacionados con la Fundació Catmon, en la que estaban Víctor Terradellas y Francesc de Dalmases desaparecieron misteriosamente de los archivos de la institución. Al menos eso es lo que comunicó a la Guardia Civil un responsable de la propia Diputación. Curiosamente, la Guardia Civil ya tenía una copia de los expedientes, que se había encontrado en el despacho de una funcionaria. “Estos expedientes de Catmon están relacionados con la financiación de la revista Catalan International View para los años 2013 y 2014, siendo plausible que las subvenciones obtenidas de la Diputación se hubiesen justificado con las mismas facturas que se utilizaron para justificar las recibidas de la Generalitat de Cataluña y del Ayuntamiento de Barcelona, extremos de los que se dará oportuna cuenta en diligencias posteriores”, relata el informe citado.
También advierte la Guardia Civil que “se detecta que Francesc Dalmases percibió honorarios por tareas de dirección, que obran informes técnicos negativos, que se produjeron reformulaciones de las partidas presupuestarias, que los apuntes técnicos desfavorables se subsanaron tras una decisión presumiblemente de Jordi Castells y que, además, se presentaron los proyectos con erratas y enmiendas, se emitieron facturas con posterioridad al cobro o fuera de plazo y se produjeron dilaciones en la comprobación de la documentación”.
Respecto a la asociación Igman, se detectaron también un cúmulo de irregularidades, entre ellas que no se justificaron suficientemente las subvenciones, que las facturas son por conceptos genéricos, que no constaban la realización de actividades, que se contrataron a personas sin la titulación exigida, que se detectaron pagos incorrectos, pagos y viajes no justificados, que se aportaron fotografías de proyectos anteriores y que no constaban memorias técnicas.
Los investigadores destacan que todas las instituciones concedentes de subvenciones “están o estaban bajo el control político de la antigua Convergència Democràtica de Catalunya, pudiendo determinar que el modus operandi es muy similar, hasta el punto de que en algunas de las subvenciones otorgadas por las distintas instituciones, los beneficiarios fueron los mismos, llegando a utilizar las mismas facturas para justificar la ejecución de los proyectos subvencionados, algo que parece poner de manifiesto que la verdadera voluntad era captar fondos públicos, siendo completamente secundarios los proyectos y la justificación de la subvención vinculada a los mismos”.
El análisis realizado destaca también que hay elementos probatorios “que abundan , precisamente, en esta trama organizativa dirigida desde las instituciones públicas controladas por una determinada fuerza política para su propio beneficio y no pudiendo abstraerse estos hechos del contexto político y social actúa, en el que las fuerzas soberanistas catalanas han impulsado un proceso de independencia al margen de las vías constitucionales que se fundamente, entre otras muchas cosas, en acciones políticas, de comunicación, de participación y de internacionalización que necesariamente han de ser financiadas, infiriéndose que esa financiación podría haberse encauzado, al menos en parte, y tal y como esta investigación parece discernir, a través de subvenciones públicas a entidades directamente vinculadas con el procés soberanista y con aquella formación política, como por ejemplo y a efecto de lo que a esta pieza de investigación afecta, la Fundación Catmon o la Asociación Igman”.
