La Fiscalía ha acusado al gobierno de la Generalitat de vaciar la pena de prisión impuesta a los dirigentes del procés por el Tribunal Supremo, mediante la reiterada concesión del tercer grado penitenciario, una actitud que describe como «un no acatamiento de las resoluciones» del Supremo.
En un escrito remitido a este tribunal para que revoque el tercer grado concedido a Carme Forcadell y Dolors Bassa, atribuye este comportamiento al gobierno catalán destacando que «la clasificación en tercer grado estaba indebidamente otorgada» y que, sin embargo, ambas han sumado cuatro de los últimos seis meses en tercer grado.
La Fiscalía alerta de que esta situación «se puede repetir sine die hasta el final de la condena«, de manera que se consigue «por parte de la Administración un no acatamiento».
El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria rechazó el pasado 23 de febrero la petición de la Fiscalía de suspender el tercer grado de Forcadell y Bassa, y la Fiscalía ha presentado recursos de apelación sobre ambos casos en los que plantea que se debe suspender la ejecución de la resolución administrativa que ha facilitado el tercer grado de las dos dirigentes del procés, aduciendo que la denegación de la suspensión se ha basado en argumentos erróneos.
