El Govern y el Ayuntamiento de Barcelona han querido cerrar filas en la defensa de los cuerpos policiales y escenificar «unidad institucional» tras los disturbios registrados los últimos días en manifestaciones de Barcelona. Así se han expresado el consejero de Interior, Miguel Sàmper, y la alcaldesa de la capital, Ada Colau, tras una reunión este lunes al mediodía en el que también han participado el vicepresidente del Govern con funciones de presidente, Pere Aragonés, y la consejera de Presidencia, Meritxell Budó.
Ni Colau ni Sàmper han informado de los acuerdos que se han tomado en la reunión y se han limitado a comprometerse a mantener el trabajo conjunto entre cuerpos policiales y hacer llamadas a la parada de la «violencia». «Hemos podido ver que los actos violentos no tienen nada que ver con el derecho de manifestación», ha dicho el consejero, mientras la alcaldesa reiteraba su condena «más firme» a una «violencia» que, según asegura, ha puesto en riesgo la vida de personas. «Una cosa es la libertad de expresión, otra actos de violencia protagonizados por unas pocas decenas de personas», ha dicho.
En el turno de preguntas, Sàmper ha responsabilizado parcialmente los disturbios al «movimiento anarquista». El consejero de Interior ha asegurado que los 14 detenidos el sábado en Barcelona, siete forman parte de este «movimiento», de los cuales cinco tienen nacionalidad italiana, dos francesa y uno española. También ha descartado que el modelo policial de antidisturbios se pueda redefinir en las negociaciones para formar gobierno.
Por la tarde, el Govern se ha reunido con el resto de ayuntamientos catalanes que han sufrido estos días las protestas por el encarcelamiento del rapero leridano Pablo Hasél.
