El vicepresidente y presidente interino de la Generalitat, Pere Aragonès, ha acusado de cometer una irresponsabilidad al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) porque ha ratificado este jueves la medida cautelar con la que restableció provisionalmente el 14 de febrero como la fecha de las próximas elecciones al Parlamento de Cataluña, mientras estudia el fondo de las impugnaciones presentadas contra el aplazamiento electoral decidido por el ejecutivo catalán.
Aragonés ha acusado al TSJC de obligar a los ciudadanos, con esta resolución, a elegir entre el derecho a votar y el derecho a la salud, y ha afirmado que la decisión confirmada este jueves constituye un intento de «condicionar» y «judicializar» la política catalana. Según el vicepresidente, el tribunal «mantiene una incertidumbre que afecta de lleno a la campaña y la deliberación del proceso electoral», ya que la decisión clave no se adoptará hasta el 8 de febrero.
En la misma comparecencia también han intervenido la consejera de la Presidencia y portavoz, Meritxell Budó, y el consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Bernat Solé, que acaba de ser condenado en primera instancia a un año de inhabilitación como culpable de un delito de desobediencia por su papel, como alcalde de Agramunt, en la organización del 1-O.
El gobierno catalán ha apoyado a Solé, cuya condena ha enmarcado en la misma «causa general contra el independentismo» por la que ha reiterado que ha sido inhabilitado el expresidente Quim Torra, y que considera un exponente de «la represión del Estado español «, del que ha dicho nuevamente que busca» la venganza».
