Un momento revelador de cómo Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, en 2009 utilizaba el club para sus negocios e intereses fue cuando intentó vender la propiedad mayoritaria del Mallorca (SAD) a sus amigos uzbekos de Zeromax, pidiendo a Binipuntiró, empresaria propietaria del Real Mallorca, una comisión del 7% para el bufete Laporta & Arbós Advocats Associats, S.L. por intermediar en la venta del club.
La operación estaba en 60 millones de euros, de los cuales 4,2 irían a para al bolsillo de Laporta. Binipuntiró aceptó la proposición y se comprometió a efectuar el pago, pero la operación no pudo cerrarse debido a un acuerdo de exclusividad firmado con el inglés Paul Davidson.
Conociendo la necesidad de Binipuntiró de desprenderse de su paquete de acciones del Mallorca al haber presentado concurso voluntario de acreedores, el bufete Laporta & Arbós propuso a Vicenç Grande, propietario del club, la posibilidad de transferir los títulos a Zeromax GMBH, multinacional dedicada a los ámbitos textiles, la agricultura o la expolotación de oleodoctos, y a cuya cabeza figura el empresario uzbeko de 42 años Miradil Djalalov.
El bufete Laporta & Arbós se encargó de redactar los documentos y según el mandato redactado Binipuntiró manifestaba su disposición a aceptar un precio de 60 millones de euros por la transmisión de la totalidad de las acciones, que representaban el 91,24% del capital social del Mallorca SAD. En cuanto al bufete Laporta & Arbós no deja lugar a la especulación. El borrador redactado por ellos mismos establecía que Binipuntiró se comprometía en los siguientes términos: «en pago de sus servicion se recibirán una cantidad equivalente al siete por ciento del precio que los compradores paguen». Además, en otro punto se añade que «si no hubiere precio en dinero o si además de éste hubiere otro tipo de contraprestaciones, el pago que percibirán ustedes será de un siete por ciento del valor de mercado en el momento de la firma de todos los activos intercambiados».
Laporta & Arbós hubiera recibido la percepción íntegra de las cantidades convenidas en el mismo momento en el que se hubiera hecho efectivo el primer pago, a través de una transferencia en una cuenta de la entidad BBVA o mediante cheque garantizado.
En el borrador también se dejaba claro que ha sido el bufete de Laporta el que ha proporcionado el contacto «se entiende como presentada por ustedes la compañía Zeromax, GMBH, constituida conforme las leyes de Suiza», así como también la cifra que estaría dispuesto a pagar por las acciones propiedad de Binipuntiró «estamos dispuestos a aceptar un precio de 60 millones de euros».
Laporta, en reacción a estas informaciones, defendió que era “una cuestión profesional. La empresa Binipuntiró, principal accionista del Real Mallorca, es una empresa que está en un concurso de acreedores e hizo un encargo profesional a mi despacho». Pero lo mejor y más descarado fue admitir cómo resolvió cualquier duda de incompatibilidad como presidente del FC Barcelona mediante un dictamen de su propio bufete que “no revela ninguna incompatibilidad», por lo que calificó la actuación de su bufete de abogados de «lícita, legal y profesional”. Pocos abogados hubiera tenido, eso sí, la cara dura de ampararse en un informe propio para acometer una actuación de que en los standadres de transparencia y de normativa de la Liga de Futbol Profesional están completamente prohibido. A Laporta eso le dio y le da siempre igual.
