Alquilar una habitación en un piso compartido hace mucho tiempo que ya no es, únicamente, una cosa de estudiantes. Mileuristas que no llegan para alquilar un apartamento y asumir los gastos, familias enteras, con menores y adolescentes a cargo, y personas que viven allí con una pensión, alquilan habitaciones en un mercado negro e irregular, en lo que ya se conoce como sinhogarismo oculto y que crece con la precariedad económica.
Para muchas familias, en estos tiempos de crisis, las habitaciones se convierten en infrahabitaciones alrededor de las cuales es imposible crear un proyecto vital, y se salda con serios problemas de convivencia, como dice la Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilá: «Alquilar una habitación para una familia es sinhogarismo porque quienes la habitan nunca pueden sentirla como su propio espacio, sino como una solución temporal». No tener acceso a una vivienda digna, y a un precio razonable, aumenta el riesgo de pobreza y exclusión social.
Este crecimiento del sinhogarismo oculto es una de las conclusiones del informe sobre vivienda compartida en Barcelona, elaborado entre la Sindicatura y la Cátedra UNESCO de Vivienda, de la Universidad Rovira i Virgili.
A pesar de la falta de datos, el perfil de las personas que actualmente comparten casas en Barcelona son familias monoparentales con hijos, inmigrantes, jóvenes y mayores de cincuenta años que reciben un aumento de pensión o prestación y no pueden hacer frente a los altos precios de alquiler de un apartamento en la ciudad. Todos ellos se ven ahora afectados por el aumento en el precio de las habitaciones en un 2,9% y sitúan el alquiler en torno a 350 euros. Los barrios de Nou Barris, Sants-Montjuïc y Ciutat Vella son donde esta práctica está más extendida, aunque no hay datos reales por el ocultismo con el que se realizan estos alquileres.
Barcelona, según los portales inmobiliarios, es el municipio con el alquiler más caro desde 2015, tanto en viviendas como en habitaciones.
El aumento de la vivienda compartida va en paralelo con un aumento de las quejas a la Síndica, donde la falta de claridad en los contratos, el tipo de ingresos o el uso de espacios comunes son las quejas más comunes. Por esta razón Vilá recomienda una reforma de la actual Ley de Arrendamientos Urbanos con una normativa específica para el alquiler de habitaciones que garantice un mínimo de protección a los inquilinos.
Desde la Sindicatura, María Assumpció Vilà pide al Ayuntamiento que haga un diagnóstico cuidadoso para conocer cuáles son las situaciones de exclusión residencial de la ciudad, a tiempo que exige la creación de una bolsa de vivienda pública equivalente a la necesidad real. Vilà propone tener el 15% de los pisos de la ciudad para las políticas sociales antes de 2027, hecho que ella misma ya ha denominado como «inalcanzable».
