Cinta Pascual, presidenta de la patronal de residencias ACRA, la mayor de Cataluña, es la máxima beneficiaria de las intervenciones a residencias privadas ejecutadas por los departamentos de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, y de Salud, los dos en manos de ERC.
Con el objetivo de proteger a los usuarios de las residencias afectadas por la covid, el Departamento de Salud ha instaurado el protocolo de trasladar temporalmente a los usuarios de los centros gravemente afectados por un brote del virus a otros centros donde presuntamente estarán protegidos de contagio o podrán ser tratados con más garantías. Los empleados son enviados a casa para pasar una cuarentena que no acaba hasta que todos tienen una PCR negativa.
La primera, L’Onada Serveis
Después de aprobar e implementar correctamente los planes de contingencia para la prevención contra la covid-19, tanto residentes como empleados vuelven al centro de donde habían salido. En determinados casos, cuando el centro queda vacío sin residentes ni empleados, el propietario del establecimiento es forzado a renunciar a la gestión del centro durante un mínimo de cuatro años. Esta imposición viene condicionada a la firma de un contrato mercantil con una entidad de confianza del Departamento y bajo el aviso que, si se inician acciones judiciales por parte de la entidad intervenida, el centro permanecerá vacío y cerrado indefinidamente, y se hará todo lo posible para retardar el procedimiento legal hasta que el empresario no tenga más remedio que cerrar la actividad.
Hay una lista de empresas recomendadas por la Administración, donde la primera posición la ocupa L’Onada Serveis, grupo que dirige Cinta Pascual. También se sugiere por parte de determinados altos funcionarios del departamento (bien sea Aina Plaza o el mismo consejero Chakir El Homrani) que sea esta entidad quien sustituya a la propiedad de la gestora intervenida, con la advertencia que si no se escoge a esta empresa «las cosas podrán no ser tan fáciles».
La confiscación de Ca n’Amell
El caso que más impacto ha tenido ha sido la intervención de la residencia Ca n’Amell de Premià de Mar -con capacidad para 322 usuarios-, antiguamente gestionada por Domus Vi, el operador con más camas en España y el segundo de Europa. La desafortunada gestión del centro durante un brote durante la primera oleada de la pandemia, con numerosas defunciones y usuarios afectados por covid, y también muchos contagiados entre los empleados, generó la desconfianza por parte de la Administración hacia la capacidad de Domus Vi de seguir gestionando esta residencia. Aunque Domus Vi pone los medios y la experiencia para que no se vuelva a producir una situación igual, en septiembre fue impuesta L’Onada Serveis como nueva entidad gestora, contra la voluntad de Domus Vi, que propone alternativas a la empresa indicada por la Generalitat. Hay que recordar que la residencia de Ca n’Amell es una iniciativa de carácter privado, y el edificio es una inversión particular no participada por ningún ente público.
Malestar en el sector
El hecho que Domus Vi, que gestiona 143 residencias en España y atiende más de 200.000 personas, no presente ningún recurso ni reclamación a este abuso de la Administración, y se someta al traspaso a L’Onada Serveis, esperando recuperar el centro en 2024, hace pensar que las consecuencias de oponerse a la expropiación temporal son peores que asumir el castigo. La intervención es total, hasta el punto que L’Onada ha cambiado el nombre de la residencia, que pasa a denominarse Vila Clavelina. Esta situación se ha producido en más ocasiones, repitiendo el patrón con L’Onada, aliada de la Administración, que no duda en integrar los centros de sus competidores a su entramado empresarial. Desde el sector hay voces que no entienden que la presidenta de la patronal ACRA, que tiene que ser quien tiene que procurar defender los intereses y proteger al sector de medidas de presión desproporcionadas e irreversibles por parte de la Administración, es la principal aliada, que se aprovecha y se beneficia principalmente y en primera instancia de esta práctica desleal. Consta que hay entidades que han rechazado asumir la gestión por un periodo de cuatro años porque lo consideran un abuso, ya que hunde el proyecto empresarial de toda una vida, y hay muchas alternativas para recuperar y estabilizar el servicio sin retirar la capacidad de gestión de operadores que, en algunos casos, hace más de dos décadas que prestan el servicio.
Convenio con el CatSalut
El conjunto de pequeños y grandes empresarios propietarios de residencias geriátricas está desprotegido ante un brote de covid-19 que tenga un impacto elevado en el centro, dado que se activa el mecanismo de intervención con propuesta de L’Onada Serveis como primera alternativa para suplantar a la entidad gestora. Si bien hay otras entidades que han participado en intervenciones de residencias privadas, siempre ha sido por un periodo corto y hasta que la situación de afectación por la covid ha sido solucionada. Ahora, los centros de L’Onada intervenidos se han convertido, mediante un convenio de colaboración con el CatSalut, en residencias receptoras casi en exclusiva de las personas usuarias de otros centros afectados por la covid. De este modo, el grupo que dirige Cinta Pascual se ha garantizado una ocupación y unos ingresos más elevados que la media del sector, actualmente casi en situación de quiebra económica.
Ofertas a los usuarios trasladados
Pero la trama no se acaba aquí. Operadores que no han tenido más remedio, por imperativo del CatSalut, que trasladar sus usuarios a los centros de L’Onada, se encuentran con que los responsables de este grupo les ofrecen quedarse en su centro mediante ofertas económicas ventajosas. Así, L’Onada aprovecha la debilidad de las personas mayores enfermas y trasladadas y la situación delicada de la residencia de origen para abusar de su posición e información privilegiada. De este modo se garantiza la ocupación y los ingresos, a base de erosionar a su competencia afectada por la covid. La paradoja es que la entidad dirigida por Cinta Pascual, igual que otras muchas residencias, no ha estado exenta de brotes de covid, con un gran impacto en alguna de las residencias gestionadas por L’Onada. Lo sufrió durante la primera oleada, durante el verano, y ahora con la segunda oleada de la pandemia vuelve a tener centros gravemente afectados por muchos casos positivos, tanto de empleados como de usuarios. Esto hace que no se encuentre una explicación objetiva a esta preferencia dictada por la Administración para que L’Onada Serveis acapare como primera alternativa aquellas residencias privadas intervenidas.
Facturaciones millonarias
Todo ello, una vergüenza para el sector que Cinta Pascual representa desde su presidencia de la patronal. En lugar de defender y proteger a los operadores que desafortunadamente se ven afectados por la covid, actúa como aliada de unos departamentos (Trabajo y Salud) liderados por ERC y canaliza facturaciones millonarias a nuevas residencias que se incorporan a L’Onada Serveis, intervenidas con un modelo contractual que expulsa literalmente a la gestora actual durante, como mínimo, los próximos cuatro años.
