La misa que se ha celebrado este sábado en la Sagrada Familia, y dónde han asistido casi 600 personas, ha levantado polvareda. A pesar de que, técnicamente, la celebración cumplía con todas las restricciones (se llenó sólo un tercio del aforo, había distancia de seguridad entre los asistentes y llevaban mascarilla), que tanta gente se haya juntado en un espacio cerrado teniendo en cuenta el contexto de pandemia, ha indignado muchos sectores.
Por todo ello, Salud abrirá una investigación a los organizadores de la misa, el Arzobispado de Barcelona. La consejera de Salud, Alba Vergés, ha admitido que el decreto del estado de alarma aprobado por el gobierno español sólo permite reducir aforos y no cerrar espacios religiosos, pero pide que el derecho de culto no pase por encima del sentido común.
Según el departamento de Salud, el expediente abierto podría acabar con sanciones. La consejería insiste que este tipo de acontecimientos masivos tienen un riesgo epidemiológico del todo injustificable y se plantea reforzar las medidas de protección para que no vuelva a pasar.
En la misma línea, el concejal de Derechos Ciudadanos del Ayuntamiento de Barcelona, Marc Serra, también lamenta que el derecho de culto justificara una actividad masiva en plena pandemia, mientras la cultura continúa cerrada.
Desde el Arzobispado de Barcelona aseguran que se cumplieron todas las medidas de seguridad, y recuerdan que la Iglesia no quiere ningún enfrentamiento con el sector de la cultura. Al contrario, desean que se puedan volver a hacer actos culturales pronto. También explican que todos los asistentes a la misa eran de Barcelona y que, por lo tanto, nadie se saltó el confinamiento municipal de fin de semana; sólo algunos obispos que venían de fuera pero con la justificación laboral.
