El grupo parlamentario de Unidas Podemos del Congreso de los Diputados se ha sumado a un manifiesto conjunto con Más País, ERC, JxCat, la CUP, el PNB, Bildu, el BNG y el Bloque Nacionalista Valenciano dirigido al gobierno central y al conjunto de la ciudadanía para pedir la "libertad inmediata" del exlíder de la ANC, Jordi Sánchez, y del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, condenados por el Tribunal Supremo a nuevo años de prisión por el delito de sedición.
Los firmantes, que defienden que la sentencia "genera un precedente nefasto para el derecho a la protesta", apelan a las conclusiones del último informe de Amnistía Internacional, donde esta ONG exige la liberación de los dos reclusos independentistas en base al derecho internacional. Además, las nueve fuerzas políticas recuerdan que Amnistía Internacional considera que la aplicación del tipo penal en el caso de los Jordis supone una "restricción desproporcionada de sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica". Por eso, solicitan a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado, a las defensas y a la acusación particular dar cumplimiento a las conclusiones del documento y liberar a los dos dirigentes independentistas.
El Tribunal Constitucional tiene previsto deliberar el próximo 16 de junio sobre la libertad provisional reclamada para los presos, lo que la Fiscalía ha denegado ya al tratarse de penas superiores a cinco años.
Unidas Podemos y el resto de formaciones minoritarias en el Congreso también piden al gobierno central una reforma del Código Penal y "poner en marcha los mecanismos jurídicos en el ámbito de sus competencias porque, como señala Amnistía Internacional, se deroguen o reformen los delitos de rebelión y sedición." Los partidos firmantes entienden que "su aplicación, tal como la interpreta el Tribunal Supremo en el caso de los Jordis, resulta contraria a principios de legalidad".
Por último, exigen agilizar el Plan de desescalada aprobado por Instituciones Penitenciarias para "facilitar que todos los presos en situación de semilibertad" puedan confinarse en sus domicilios sin tener que volver a la prisión mientras dure la crisis sanitaria por el coronavirus, "con el objetivo de preservar la salud del resto de internos y evitar contagios".
