La Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) ha pedido, en un comunicado, al gobierno de la Generalitat que adopte medidas de urgencia para hacer frente al incremento de la pobreza y la exclusión social generada a raíz de la crisis causada por la pandemia de la Covid-19. Los impulsores de esta renta, que recogieron las firmas necesarias porque se tramitara en el Parlamento de Cataluña, exigen que el gobierno catalán ponga en marcha un plan de choque que incluya el incremento en 500 millones de euros de la partida prevista en los presupuestos de la Generalitat para esta prestación.
En los presupuestos que se aprobaron hace unos días en el Parlament constaban 125 millones de euros para esta partida. También piden que se actualice el Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya (IRSC), que marca el umbral por debajo del cual los ciudadanos tienen derecho a pedir ayudas sociales y en base al que se calcula el importe de la RGC. El IRSC está congelado en 569,12 euros desde 2010. Defienden que se dedique un 4% de los presupuestos de la Generalitat a la Renta Garantizada de Ciudadanía en enero de 2021.
Otra de las peticiones incluidas en este plan de choque es "registrar y aprobar con carácter urgente la enmienda de lectura única a la ley de la RGC que acortaría el plazo de resolución administrativa a las solicitudes de esta prestación de cuatro meses a un mes y agilizar su tramitación". En el debate de los presupuestos, la mayoría que los aprobó rechazó tanto esta enmienda como la actualización del IRSC. La Comisión Promotora considera que este rechazo "es motivo de indignación entre la ciudadanía solidaria y las personas y familias vulnerables".
En la reunión de presidentes de comunidades autónomas con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de este domingo, el presidente catalán, Quim Torra, le pidió que aprobara un subsidio para los padres y madres que no pueden teletrabajar. En la comparecencia posterior a la conferencia de presidentes, Torra dijo que la Renta Garantizada de Ciudadanía beneficia a 150.000 personas en Catalunya y pidió que se aplicara una prestación similar en el conjunto de España. La Comisión Promotora calcula que los beneficiarios son 127.000 y que representan sólo una cuarta parte de las personas que están en situación de pobreza extrema en Catalunya.
