La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), con sede en Zaragoza, ha sacado a información pública el Esquema de Temas Importantes (ETI) del próximo Plan Hidrológico de la cuenca, que tendrá vigencia entre los años 2021-2027. Este documento –al que se pueden presentar enmiendas o sugerencias durante los próximos meses- es importante porque fija las prioridades estratégicas de la regulación del Ebro y de sus afluentes del Pirineo, la distribución de los recursos hídricos y las obras que se ejecutarán.
Uno de los capítulos capitales de este proyecto es el de las concesiones para la explotación de las centrales hidroeléctricas. En la cuenca del Ebro hay 363 plantas que aprovechan el agua de los ríos para la producción de energía, con una potencia instalada conjunta de 3.894,5 Mw. La Ley de Aguas, del año 2001, contempla que las concesiones en el dominio hidráulico se extinguen al cabo de 75 años y, en este sentido, la CHE se ha propuesto el objetivo prioritario de rescatar las centrales hidroeléctricas a medida que vayan caducando sus licencias.
Solo dos en Cataluña
Según los documentos del ETI, que ha podido consultar EL TRIANGLE, en el periodo 2021-2027 la CHE tiene previsto nacionalizar un total de 19 explotaciones eléctricas en la cuenca del Ebro por haber vencido su periodo concesional. La gran mayoría de estas 19 centrales –que suman una potencia instalada de 92,12 Mw- están en las comunidades de Aragón, Navarra y La Rioja.
En Cataluña, solo hay dos nacionalizaciones previstas: la central del canal de Pinyana, en el límite con Aragón, de solo 2.880 kw, que explota la empresa Hidrodata SA y que caduca el 29 de julio del 2022; y la central de Malpàs, en Llavorsí, con una potencia de 3.200 kw, titularidad de la empresa Promociones y Proyectos Modolell SA, con vigencia hasta el 10 de junio del 2023.
Las grandes centrales del Pirineo, “olvidadas”
Lo que más sorprende y escandaliza de este documento de la CHE es que excluye los grandes embalses y centrales eléctricas de la demarcación de Lleida, a pesar de que, en muchos casos, ya hace más de 75 años que se construyeron. Según los datos consultados por EL TRIANGLE, hay diez centrales hidroeléctricas en las comarcas de Lleida que ya tienen vencida la concesión, pero que, increíblemente, la CHE no contempla en su plan de nacionalización.
Son las de Cabdella (en funcionamiento desde el 1914), Sossís (1914), Serós (1914), Talarn (1916), Camarasa (1920), Pobla (1920), Molinos (1921), Sant Llorenç de Montgai (1930), Gavet (1931) y Terradets (1935). Todas ellas forman parte de la primera etapa de la electrificación de Cataluña, que comportó la destrucción de los valles de la Noguera Pallaresa para hacer funcionar las fábricas de la conurbación de Barcelona y que fueron el foco de la histórica huelga obrera de La Canadiense.
Estas diez centrales suman una potencia de unos 800 Mw y nueve de ellas son propiedad de Endesa, del grupo italiano Enel. Su nacionalización sería una oportunidad histórica para el Pirineo catalán, puesto que aportaría grandes recursos económicos y energéticos para relanzar la economía de esta zona, muy deprimida y abocada, desde hace décadas, a la desertización demográfica.
Energía limpia y renovable
Precisamente, la prioridad del ETI es que las centrales hidroeléctricas que se vayan rescatando tengan un modelo de gestión que repercuta directamente en beneficio del territorio. Bien sea participando directamente en su explotación, como propugna el gobierno de Aragón, o librando energía gratuita (entre un 10-20%) para usos sociales en los municipios afectados por la presencia de estas instalaciones. Además, por sus características –producen energía limpia y renovable- las centrales hidroeléctricas son un instrumento muy efectivo en la estrategia de la lucha contra el cambio climático y armonizan perfectamente con los Objetivos del Milenio de la ONU.
Las administraciones con competencia sobre la demarcación de Lleida –los ayuntamientos, los consejos comarcales, la Diputación y la Generalitat-, los partidos políticos y los agentes empresariales y sociales tendrían que cuestionar porqué estas diez centrales hidroeléctricas, que cumplen con creces el plazo máximo de 75 años que fija la Ley de Aguas, han sido excluidas del ETI. Blanco y en botella: su fecha de adjudicación concesional y la de su entrada en funcionamiento están perfectamente documentadas. ¿Por qué su concesión en manos privadas todavía está vigente? ¿Qué martingalas se han perpetrado para que se dé esta situación administrativa absolutamente irregular?
Ya se han rescatado cinco
Hay que aprovechar que la CHE , que depende del ministerio de Transición Ecológica y del Reto Demográfico, está totalmente dispuesta, en la actualidad, a emprender la nacionalización de las centrales hidroeléctricas caducadas. Hasta ahora, ya ha rescatado cinco: El Pueyo de Jaca, Barrosa, Urdiceto, Auxiliar de Campo y Lafortunada-Cinqueta. Y no le ha temblado el pulso a la hora de enfrentarse con Endesa en los tribunales, en el pleito por el rescate de la concesión de la central de Lafortunada-Cinqueta, que finalmente la CHE ha ganado en la Audiencia Nacional, como ya ha explicado EL TRIANGLE.
La nacionalización de las centrales hidroeléctricas del Pirineo catalán tiene que convertirse en un clamor unánime si queremos salvar estas comarcas de la insoportable decadencia que sufren. Su construcción, a comienzos del siglo XX, destruyó los valles más fértiles y cortó las ancestrales vías de comunicación, provocando –en nombre del progreso de Barcelona- una hecatombe económica de estas comarcas que hoy todavía continúa. Es hora de revertir esta injusticia histórica que sufre el Pirineo y la clave es la restitución de estas instalaciones al territorio.
¡Más de cien años!
De entrada, hay que plantarse y aclarar qué pasa con las concesiones de estas diez centrales hidroeléctricas caducadas y presionar a la CHE para que dé por definitivamente liquidada su concesión privada, ¡que en seis casos datan de hace más de cien años! También hay que aprovechar que el ETI está todavía en periodo de información pública para presentar alegaciones y exigir que estas diez centrales sean incluidas en el programa de nacionalizaciones del periodo 2021-2027.
Otra iniciativa a adoptar sería una denuncia ante los tribunales de justicia para que se investigue a los funcionarios y cargos públicos responsables de la presunta manipulación y alteración documental que ha hecho posible que estas diez centrales hidroeléctricas caducadas continúen, a día de hoy, en manos de empresas privadas. En este sentido, la CUP de la Vall Fosca ya lo ha hecho, por la anomalía concesional del complejo eléctrico de Cabdella, ante la Fiscalía Anticorrupción, la Oficina Antifraude de Cataluña y la misma CHE.
