Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil habrían descubierto indicios de que Josep Piqué está implicado en una supuesta adjudicación irregular del contrato de ejecución y explotación del campus de la Ciutat de la Justicia de Madrid, según informa la Cadena Ser.
Los investigadores extraen sus sospechas de la documentación del 'caso Púnica'. En concreto, de dos cadenas de correos electrónicos entre el exministro y entonces vicepresidente de OHL, Josep Piqué, el ex consejero delegado, Javier López Madrid, y otro directivo.
Según estos correos, habrían contactado con el entonces presidente de la Comunitat de Madrid, Ignacio González, para que hiciera de intermediario. La mesa de contratación propuso adjudicar este contrato millonario a la UTE formada por OHL y Acciona en 2015, con un valor de 771 millones de euros.
Los agentes lo sospechan después de analizar documentos del 'caso Púnica' y han remitido esta información al enjuiciado número 6 de la Audiencia Nacional, que lo ha derivado a su homólogo del juzgado 5, José de la Mata. Piqué ha negado a la Ser que pretendiera arreglar el contrato.
A la primera de las cadenas de correos, entre el 7 y 8 de abril del 2015, el entonces director general de la actividad de OHL en España, Rafael Martín de Nicolás, comunica a Piqué que se han presentado al concurso en UTE con Acciona y que cree que tienen muchas posibilidades por las "conversaciones mantenidas previamente" con los servicios técnicos. Pero añade que sería "muy importante hacer gestiones al más alto nivel", y sitúa el nombre de Ignacio González. Piqué reenvia el correo de Martín de Nicolás a Javier López Madrid y le pregunta como lo ve, y este le responde que ya lo hizo en su momento, pero que se lo vuelve a comentar (en referencia a Ignacio González). Piqué le responde dándole las gracias.
La segunda cadena de correos es del 29 de abril. El entonces vicepresidente de OHL recibe un correo de Rafael Martín de Nicolás y lo reenvia a Javier López Madrid. En este caso, Martín de Nicolás explica que han sido informados "muy confidencialmente" que su oferta era la mejor, pero que dos de los cinco miembros de la mesa de contratación creían que la UTE no cumplía con el pliegue de condiciones. También añade que había entregado a la mesa una "nota por conducto extraoficial" para demostrar que esto no era así.
Estos correos, según la UCO, podrían ser indicativos de "posibles intentos de manipulación de la adjudicación" del contrato. La mesa propuso finalmente adjudicar el contrato a la UTE de OHL y Acciona. Este mismo mes, Cristina Cifuentes relevó a la presidencia de la Comunitat de Madrid Ignacio González. La adjudicación quedó en suspenso y las empresas iniciaron entonces un procedimiento judicial para reclamar una indemnización a la comunidad. El caso está pendiente de sentencia del Tribunal Supremo.
