El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, ha presentado una denuncia ante este organismo fiscalizador de la gestión económica pública contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, a quien atribuye el desvío de 8 millones de euros para la organización de la consulta ilegal del 1-O.
La demanda se dirige contra un total de 17 altos cargos del gobierno de Puigdemont, incluidos el exvicepresidente Oriol Junqueras, los exconsejeros y la interventora de la Generalitat, y cifra un presunto desfalco que duplica el calculado durante la instrucción del juez Pablo Llarena. La Fiscalía cifró en 3,07 millones la posible malversación en el escrito de acusación presentado al Tribunal Supremo.
No constan como demandados, en cambio, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, que en el momento de los hechos eran dirigentes de la ANC y Òmnium Cultural, respectivamente, y no cargos públicos. La denuncia se dirige, eso sí, contra los exconsejeros Jordi Baiget, que dejó el gobierno antes del 1-O, y Santi Vila., que renunció antes de la pseudo-DUI y la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
El fiscal jefe Torres, además, prevé que el importe final del supuesto desfalco pueda superar los 8 millones, ya que todavía están bajo investigación partidas asignadas por las embajadas de la Generalitat, oficialmente, a actividades culturales.
La instructora de las diligencias designada por el Tribunal de Cuentas es la misma que investigó el caso del 9-N, por el que el expresidente Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y los exconsejeros Francesc Homs e Irene Rigau fueron condenados a devolver 4,9 millones de euros. Se trata de Margarita Mariscal de Gante, exministra de Justicia durante la primera legislatura de José María Aznar como presidente (1996-2000).
El Tribunal de Cuentas puede decidir, como en el caso de Artur Mas, el embargo preventivo de bienes de Carles Puigdemont y los otros denunciados.
