El de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias. Diosdado Toledano, representante de la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) ha interpuesto, este 2 de noviembre, un recurso de reposición contra la decisión de la Dirección general de Economía Social, el Tercer Sector, las Cooperativas y la Autoempresa que desestimaba una petición de información formulada el 31 de agosto.
Amparada en la Ley de Transparencia, la Comisión Promotora de la ILP de la RGC pidió por escrito que se le hiciera llegar información sobre el "contenido de las instrucciones emitidas bajo la responsabilidad de la Dirección de Economía Social al personal de las oficinas del SOC, OAC y OASF, así como al personal encargado de valorar las solicitudes y realizar las resoluciones sobre la tramitación y resolución de la Renta Garantizada de Ciudadanía". La respuesta del departamento de Trabajo llegó el 23 de octubre y consistía en una clara negativa a responder a lo que se le pedía. "La información solicitada no está sujete al régimen de transparencia", decía la resolución oficial.
Los impulsores de la ILP sospechan que Trabajo ha dado instrucciones a sus funcionarios para que nieguen cuántas más solicitudes de Renta Garantizada de Ciudadanía, mejor.
El artículo 10 de la Ley de Transparencia establece que "la información relativa a las decisiones y actuaciones con relevancia jurídica que la Administración tiene que hacer pública en aplicación del principio de transparencia tiene que incluir las directivas, las instrucciones, las circulares y las respuestas anonimizadas a consultas planteadas que tengan una incidencia especial sobre la interpretación y la aplicación de las normas".
El consejero de Trabajo, Chakir el Homrani, considera que según qué instrucciones están exentas de cumplir este artículo.
