El consejero de Interior, Miquel Buch, ha respondido a una pregunta parlamentaria planteada por Ciudadanos que las protestas de los Comités de Defensa de la República (CDR) han motivado la apertura de 109 diligencias judiciales, principalmente relacionadas con la presunta comisión de delitos de desórdenes públicos.
Según revela El Mundo citando el contenido de la respuesta del consejero Buch, datada el 5 de junio, muchos casos se encuentran todavía bajo investigación y los autores de presuntos hechos delictivos no han sido identificados aún.
Entre las diligencias referidas por Interior, añade la misma información, están las correspondientes a los cortes de tráfico del 8 de noviembre, así como los 75 atestados resultantes de la jornada que tuvo lugar la llamada «huelga de país».
Además, en cuanto a la concentración ante el Parlamento de Cataluña organizada para protestar por la investidura frustrada de Carles Puigdemont, Interior señala la presunta comisión de un delito de atentado, resistencia y desobediencia a los agentes policiales.
Junts per Cataluña, ERC, la CUP y Catalunya En Comú-Podem impidieron que el Parlamento condenara la violencia atribuida a los CDR, negada también desde la Generalitat hasta ahora. Las diligencias referidas por Buch se ordenaron mientras el gobierno español controlaba la Generalitat mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Los CDR, aguados
La protesta de los CDR contra la presencia del rey Felipe VI en Girona de este jueves se dispersó por la lluvia. Uno de los activistas fue detenido acusado de desobediencia a la autoridad.
El pasado 30 de enero, cuando la investidura de Puigdemont fue oficialmente aplazada, los CDR anunciaron que mantendrían una acampada de protesta hasta que se celebrara la sesión de investidura, pero después de someter la idea a votación en una asamblea improvisada los partidarios y contrarios de la idea empataron a 60 votos, y se desconvocó la acampada.
