Después de que la justicia belga denegase por un defecto de forma la extradición de los ex-consejeros Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig, la Fiscalía ha solicitado al magistrado Pablo Llarena que reformule las órdenes de detención enmendando los errores. En particular, le pide que vuelva a dictar prisión y a tramitar una euroorden para los tres consejeros instalados en Bélgica.
Llarena y la Fiscalía quieren evitar que la decisión de la justicia belga se repita en Alemania, donde se encuentra el también reclamado ex-presidente Carles Puigdemont. El magistrado Llarena ha comunicado, en este sentido, a la fiscalía alemana que el auto de procesamiento es equiparable a una orden de detención, de forma que, según sostiene, se cumplirían los requisitos de las órdenes europeas de detención y entrega.
Por su parte, la portavoz de la Fiscalía General de Schleswig-Holstein ha rechazado pronunciarse sobre la decisión de la justicia belga, pero ha respondido que «están mirando con minuciosidad todas las direcciones, incluidas las cuestiones formales», publica El Mundo.
