El juez del Tribunal Supremo que instruye la causa que afecta a los líderes del proceso independentista catalán, Pablo Llarena, ha vuelto a denegar a Jordi Sànchez la posibilidad de asistir al pleno de investidura. Llarena no sólo ha rechazado la excarcelación, sino también la participación presencial o por videoconferencia del candidato alternativo que Junts per Catalunya ha presentado como alternativa al ex-presidente Carles Puigdemont.
En su decisión, conocida este jueves, aduce nuevamente la existencia de un riesgo de reiteración delictiva por parte de Sànchez, que en el momento de la comisión de los hechos supuestamente delictivos por los que se le investiga lideraba la Asamblea Nacional Catalana (ANC). A Sànchez, encerrado preventivamente en la prisión de Soto del Real desde el pasado 16 de octubre, se le imputan delitos de rebelión y sedición.
Llarena sostiene en su resolución de este jueves que la intención de Sànchez de convertirse en presidente de la Generalitat presenta elementos que indican "racionalmente" que su mandato se enfocaría a la ruptura del orden constitucional y que esto se podría llevar a cabo, según añade, mediante la transgresión de las mismas normas supuestamente infringidas en el marco de esta causa judicial.
En cuanto a la reacción de la ONU a un recurso de Sànchez, que Llarena señala como el único elemento nuevo presentado a favor de la petición del diputado de JxCat, el juez del Supremo argumenta que el llamamiento al cumplimiento de derechos "no supone (…) una indicación concreta (…) ni siquiera osa sugerir que la tutela cautelar de los derechos políticos del procesado deba pasar por la adopción de alguna de las decisiones que el solicitante expresa".
