La ex-portavoz parlamentaria de la CUP Anna Gabriel ha decidido permanecer en Suiza y no ir a declarar al Tribunal Supremo esta semana en la causa por presunta rebelión, en cuyo marco ya compareció la también diputada cupaire Mireia Boya. Ambas, según la investigación del caso, formarían parte del llamado comité estratégico sobre la desconexión unilateral de Cataluña con España, extremo que Boya negó en su declaración ante el juez Pablo Llarena el pasado miércoles.
Gabriel justifica su decisión aduciendo que en España no tendría «un juicio justo», según ha explicado en una entrevista concedida al medio suizo Le Temps. También ha manifestado que es «más útil libre» que entre rejas para el movimiento independentista. En una entrevista posterior concedida a la radio televisión RTS, ha manifestado que se la persigue por su actividad política y ha anunciado que si el juez Llarena pide su extradición y ésta es concedida, se plantea pedir asilo político a Suiza. También ha declarado que la «prensa gubernamental» ya la ha condenado y que decidió irse al extranjero basándose en que se mantiene el encarcelamiento de cuatro encausados y en la situación de los demás miembros del último gobierno catalán.
La ex-diputada buscó en Suiza el asesoramiento del abogado Olivier Peter, experto en causas de extradición que defendió los intereses de miembros de la banda terrorista ETA. Ahora se ha convertido en la sexta figura política que intenta escapar de la acción de la justicia española, después de que cinco miembros del último gobierno de la Generalitat se instalaran en Bélgica: el ex-presidente Carles Puigdemont y los ex-consejeros Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret.
Boya, libre sin medidas cautelares, había defendido la necesidad de coordinar las defensas de los imputados por rebelión, en particular en la vertiente política y declarativa, y había sido elogiada por la CUP como un exponente de «dignidad rebelde». Jordi Salvia, militante y jefe de prensa de la CUP, ha piado que esta formación responde a «la represión del Estado» mediante una defensa política del referéndum del 1-O «desde aquí con Mireia Boya e internacionalizando el conflicto desde Suiza con Anna Gabriel».
Puigdemont, que también esgrimió la internacionalización para justificar el hecho de instalarse en Bélgica, dijo que entre ser presidente y presidiario prefería la primera opción.
