La ex-presidenta del grupo parlamentario de la CUP Mireia Boya ha abandonado el Tribunal Supremo sin que se le hayan aplicado medidas cautelares tras haber declarado como investigada este miércoles en el marco de las indagaciones sobre la presunta comisión de un delito de rebelión por parte de destacados dirigentes independentistas.
Ni la Fiscalía ni Vox, el partido de ultraderecha que ejerce la acusación particular, han solicitado la adopción de medidas al juez Pablo Llarena, aunque Boya ha afirmado que votó el 27 de octubre con la intención de efectuar una declaración de independencia que tuviera «efectividad real», y no «cosmética» o simbólica, como han sostenido otras encausados.
Asimismo, la ex-diputada occitana, que sólo ha respondido las preguntas del juez y de su abogado, ha animado a los investigados que comparecerán ante Llarena durante los próximos días a que sigan su ejemplo y no renuncien a la «legitimidad» del proceso y al 1-O, argumentando que las urnas y no la justicia solucionarán el «conflicto político». «Nunca ha habido violencia en Cataluña», ha afirmado.
En cuanto al comité estratégico del proceso en el que la ubican los investigadores, ha dicho que no han participado en ninguno y que tampoco estaba al corriente del contenido del documento EnfoCATs, de autor no determinado, que se encontró durante el registro del domicilio de Josep Maria Jové, quien fue número dos del departamento de Economía de la Generalitat.
Boya, que había avanzado que iría de cara y no traicionaría el programa electoral de la CUP, ha recibido numerosas muestras de solidaridad por parte de figuras públicas y formaciones independentistas. De hecho se ha confesado «abrumada». De hecho, se ha organizado una concentración a las puertas de una de las sedes de la Universitat Pompeu Fabra, donde Boya ejerce la docencia. En Madrid, la han acompañado el actual diputado Vidal Aragonés, Maria Sirvent y Natàlia Sànchez, así como sus ex-compañeros de bancada cupaire Albert Botran, Gabriela Serra y Benet Salellas, que es el abogado de Anna Gabriel. «Ahora vamos a ir a ver a nuestra compañera Mireia Boya, antes de que la metan en la cárcel», había vaticinado el diputado d’ERC Gabriel Rufián en el Congreso.
La ex-diputada había dicho durante las últimas horas que si entraba en prisión «sólo saldré cuando tengamos la república». El papel que se le supone en este asunto, sin embargo, no es equiparable al de los miembros del ejecutivo de Carles Puigdemont que ya fueron excarcelados, y mucho menos a los de Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, que son responsables gubernamentales clave o líderes de las plataformas de movilización independentista. Los cuatro se encuentran todavía en prisión preventiva.
«Si querían un juicio político, lo han tenido. Su estrategia de criminalización no tiene ningún fundamento jurídico», ha expresado via Twitter Boya desde Madrid. «Vuestra fuerza democrática y no-violenta ha desbordado el Tribunal Supremo», ha transmitido a todos aquellos que la han arropado.
