El Tribunal Supremo trabaja a marchas forzadas para terminar la primera fase de la investigación contra los líderes del proceso, por los supuestos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.
La idea del juez Pablo Llarena es decidir antes de abril de que acusa a cada uno y si alguno de los investigados queda excluido.
Esto quiere decir que el magistrado reactivará la orden europea de detención contra Carles Puigdemont y los cuatro consejeros que le acompañan en Bruselas.
La resolución del magistrado contra los procesados que son diputados también puede tener consecuencias importantes. Si los procesa por presunta rebelión, quedarán automáticamente inhabilitados. Esto podría afectar Puigdemont, Toni Comín -que también está en Bruselas- y los encarcelados Oriol Junqueras y Jordi Sànchez.
Por ahora, esta causa afecta una treintena de personas, entre los miembros del Gobierno de Puigdemont, la antigua Mesa del Parlamento y otros líderes independentistas.
Según el diario Público, el juicio empezará en octubre, cuando hará un año del referéndum, y se dictará sentencia antes no acabe el año.
Según esta información, el Supremo tiene prisa para cerrarlo y, por eso, prevé que el juicio sólo dure un mes.
Fuentes jurídicas aseguran al diario que la Fiscalía lo tendrá difícil para justificar el delito de rebelión, que implica un alzamiento violento y haber proclamado públicamente la independencia. En este caso, las penas pueden ir de 15 a 25 años de prisión.
Si los condenaran por sedición, que implica un alzamiento público y tumultuario, las penas van de 8 a 15 años.
Público también da por hecho que los cuatro encarcelados continuarán entre rejas al menos hasta que haya sentencia. Y asegura que Llarena muy probablemente asumirá la pieza de la Audiencia Nacional que investiga el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y el papel de la policía catalana en el proceso.
