El gobierno central ha decidido cerrar hasta nueva orden lo que se considera la embajada de la Generalitat de Cataluña en Bruselas. De este modo, el ejecutivo de Mariano Rajoy ha impedido que el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, el expresidente de la Generalitat y candidato a la investidura, Carles Puigdemont, se pudieran reunir este miércoles en dicha sede.
A través de un burofax, el gobierno del Estado ha ordenado a los trabajadores de la sede del gobierno catalán en la capital belga que se marcharan a casa. La orden del Ministerio de Exteriores se ha dado en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución que pone el control de la administración catalana bajo las órdenes del gobierno del Estado.
Este martes, desde la delegación de la Generalitat en Bruselas se había convocado la reunión entre Torrent y Puigdemont y la posterior rueda de prensa sin haber informado ni a la consejería de Exteriores ni al Ministerio. La de Bruselas era la única delegación de la Generalitat que el gobierno central mantuvo abierta con la aplicación del 155, a pesar de que cesó a su responsable, Amadeu Altafaj.
El responsable de prensa de Puigdemont, Joan Maria Piqué, ha afirmado a las puertas de la sede de la Generalitat en Bélgica que por la prohibición del gobierno central, la reunión entre Torrent, Puigdemont y los ex-consejeros que le acompañan se tenía que celebrar a las oficinas de la European Free Alliance, una unión de partidos europeos independentistas entre los cuales hay ERC.
