Los Mossos d’Esquadra utilizaron fondos reservados para sus actividades económicas encubiertas vinculadas a la consulta independentista del 1-O ,según avanza Vozpópuli.
Entre estas actividades estarían el seguimiento a líderes políticos catalanes no independentistas o labores de protección del referéndum del 1-O ,a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) les ordenó impedir la votación.
Agentes de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía de Cataluña (CNP) han llegado a esta conclusión después de analizar la documentación que incautaron de una furgoneta i que los Mossos pretendían incinerar.
Los agentes del CNP ha entregado un informe que afirma este extremo a la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela. La juez investiga las presuntas actividades ilegales de la policía autonómica catalana y de su anterior máximo responsable, el mayor Josep Lluís Trapero.
Según el CNP, la dirección de los Mossos d’Esquadra habría dado los fondos reservados a los integrantes de la Unidad Central de Respuesta Operativa (UCRO), un grupo integrado en la Comisaría de Información de los Mossos d’Esquadra, pero que no consta en ningún organigrama actual.
En concreto, el dinero que los Mossos gastaban al margen del control legal se nutría de partidas que los jefes de la policía autonómica habrían abonado a los agentes de la UCRO para que desarrollaran sus actividades secretas, calificadas de «chapuzas» por parte de fuentes de la Policía Nacional.
Por su parte, la policía autonómica ha desmentido estas acusaciones que consideran no probadas, y que según aseguró a la Agencia Efe un portavoz del cuerpo de la policía autonómica «no es cierto que los Mossos hayan espiado a políticos».
Sociedad Civil Catalana (SCC) no descarta denunciar a los Mossos d’Esquadra por el supuesto espionaje a dirigentes políticos y sindicales, entre los que estaría el exlíder de la entidad, Josep Ramon Bosch, quien ve los hechos como un «abuso de poder» propio de un «régimen totalitario».
Desde SCC se afirma que es «inaceptable» que en un sistema democrático haya «encargos de espionaje», como los que se apunta que hicieron los Mozos a Bosch o a un dirigente del Sindicato de Policías de Cataluña.
