El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha lanzado una implacable cruzada contra los antiguos responsables de la empresa pública PDVSA, que explota y gestiona las enormes reserves petroleras de este país americano que, a pesar de los ingentes recursos que obtiene de la venta del crudo, está al borde de la quiebra financiera. Entre los detenidos en esta razia, bendecida por el presidente del país, Nicolás Maduro, hay el empresario Diego Salazar, primo del ex-presidente de PDVSA y ex-embajador de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez, uno de los hombres de máxima confianza del ex-presidente Hugo Chávez, que se ha refugiado en Ecuador.
La contundente acción judicial del fiscal Tarek William Saab supone un duro golpe contra la llamada boliburgesia –los empresarios que han acumulado grandes fortunas gracias a la revolución bolivariana de Hugo Chávez- y, de momento, ya se han dictado 65 detenciones. Uno de los focos de este escándalo es una bolsa de 4.200 millones de euros procedentes de las exportaciones de petróleo que, según la Fiscalía venezolana, habrían sido blanqueados a través de la Banca Privada de Andorra (BPA). En su programa radiofónico Los domingos con Maduro, el presidente hizo referencia el pasado día 3: «Le hemos entrado a fondo a la mafia de Andorra. ¡Esto pica y se esparce!». De repente, el pequeño país de los Pirineos ha pasado a tener un gran protagonismo y popularidad en la actualidad política y mediática de Venezuela.
En la nota del 10 de marzo del 2015 del FinCEN -organismo del Tesoro norteamericano especializado en la lucha contra la delincuencia financiera internacional-, que provocó la intervención de la BPA por parte de las autoridades andorranas, ya se hacía referencia a operaciones de blanqueo por parte de jerarcas del chavismo a través de esta entidad financiera. Pero no ha sido hasta ahora que la Fiscalía de Venezuela ha entrado a fondo en esta trama y ha procedido a la detención de los principales implicados.
La BPA también está en el epicentro de otro gran escándalo de corrupción que ha sacudido América Latina: el de las multimillonarias comisiones pagadas por la constructora brasileña Odebrecht a dirigentes políticos y responsables gubernamentales de ocho países por la adjudicación de contratos de obras públicas. El delegado de la banca andorrana en la Uruguay, Andrés Roberto Sanguinetti (Betingo), consiguió la confianza de Odebrecht para canalizar, a través de la BPA, el pago de estos sobornos, aprovechando la opacidad del sistema financiero del Coprincipado y sus conexiones con otros paraísos fiscales.
Pero no sólo la BPA participó en el encubrimiento de esta extensa mafia corrupta que ha embadurnado América Latina en los últimos años y ha provocado, por ejemplo, la caída en desgracia de Lula da Silva. Según las investigaciones judiciales que están en marcha en el Panamá y en Perú, también Crédito Andorrano –el principal banco del país de los Pirineos- y Andbank refugiaron depósitos de algunos de los involucrados a través de testaferros.
La entidad Andbank -que tiene el ex-cabeza de gobierno Òscar Ribas como presidente de honor- aparece relacionada en otro gran caso de corrupción internacional que han destapado las autoridades judiciales de los Estados Unidos y Suiza: el FIFAgate. Una rama de esta investigación afecta el ex-presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ricardo Texeira, que llegó a tener la residencia en Andorra y que guardaba su tesoro en Andbank. El ex-presidente del Barça Sandro Rosell y Joan Besolí, ex-consejero de Sant Julià de Lòria, hace seis meses que están en la prisión de Soto del Real en relación con este asunto.
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