La Policía Nacional ha detenido al militante antisistema Rodrigo Lanza, de 33 años, como presunto autor de la agresión que ha causado la muerte de Víctor Laínez, de 55 años, esta semana en Zaragoza.
Según los investigadores, la víctima llevaba tirantes con la bandera de España y ello lo convirtió en la diana de expresiones como «facha» y «franquista» por parte de Lanza y sus amigos -otro chico y dos chicas- la madrugada del pasado viernes en una zona de copas.
Laínez sufrió lesiones cerebrales graves y murió después de pasar tres días en coma. Según la investigación policial, Lanza le propinó un golpe a la cabeza por la espalda con un objeto contundente y, una vez en el suelo, recibió patadas. La víctima era un ex-legionario militante de la ultraderechista Falange Española de las JONS, que ha anunciado que se personará como acusación.
Rodrigo Lanza fue una de las personas condenadas por la agresión que dejó tetrapléjico a un agente de la Guardia Urbana de Barcelona durante el desalojo de una casa okupa el 4 febrero de 2006. La sentencia consideró a Lanza el responsable de la pedrada que hirió gravemente al agente, pero siempre mantuvo su inocencia.
El caso 4F fue popularizado años después por el documental Ciutat Morta, que cuestionó la versión oficial de los hechos surgida de la investigación y el juicio, y apuntó la existencia de un montaje policial contra los cinco condenados, uno de los cuales, Patricia Heras, se suicidó.
La Fiscalía de Barcelona rechazó reabrir el caso a partir de lo que exponía Ciutat Morta porque consideraba que no se podía tener en cuenta un «supuesto testigo no identificado» y que «no es posible realizar una nueva investigación de los hechos» ya instruidos, ni tampoco «volver a valorar la prueba practicada con todas las garantías procesales en el juicio oral». El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), por su parte, no dio credibilidad al documental, calificado de «indecente» por Jordi Hereu, alcalde de Barcelona en el momento de los hechos que fueron juzgados.
Lanza, que tenía como abogado defensor al actual teniente de alcalde de Barcelona Jaume Asens, pasó siete años en la cárcel, los tres últimos en situación de semilibertad, y se trasladó a la capital aragonesa.
