El coordinador de diputados y senadores del PDECat, Jordi Xuclà, se ha sumado a las voces que han restado crédito a las afirmaciones de la número dos de ERC, Marta Rovira, quien aseguró que el gobierno de la Generalitat recibió amenazas del Estado sobre «violencia extrema» y «muertos en las calles» si no desistía de seguir adelante con la declaración de independencia.
Preguntado sobre el pucherazo que ERC dice que hay que prevenir el 21-D, Xuclà ha respondido que «estamos en la unidad de acción y el buen rollo», pero que no entiende que Rovira haya dicho «algunas cosas sobre la violencia dichas de una forma muy exagerada». También ha asegurado que nunca ha asistido a una reunión de senadores y diputados de su partido en la que se comentara el «tipo de información» citado por Rovira.
Sobre el 21-D, ha expresado que tampoco entiende a Sergi Sabrià, portavoz de ERC «sobre esto del proceso electoral [el posible pucherazo]», si bien ha indicado que son unas elecciones «no ordinarias» porque las ha convocado el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, «en contra del artículo 75 del Estatuto de Autonomía de Cataluña», que reserva esta facultad al presidente de la Generalitat.
Antes de las declaraciones de Xuclà, el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, uno de los mediadores entre los gobiernos catalán y español, negó categóricamente la existencia de informaciones sobre violencia por parte del Estado, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, dijo que se habló de una «reacción contundente» del Estado como respuesta a determinados movimientos desde Cataluña, sin más, y el lehendakari, Íñigo Urkullu, por su parte, manifestó que no tiene constancia de ninguna amenaza de las características referidas por Rovira.
En cambio, en defensa de la su número dos, Sabrià aludió a declaraciones de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, que dijo que el ejército tenía como misión garantizar la unidad de España, y del portavoz del PP Pablo Casado, quien recordó que el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, podría acabar como Lluís Companys en 1934 (encarcelado). Además, el ex-diputado de Junts pel Sí Lluís Llach explicó que había asistido a las reuniones y si bien no recuerda si se habló de sangre o fusiles, «al final de las conversaciones, las personas reunidas entendimos que ya no se respetarían ni haciendas ni vidas».
Por su parte, la ex-diputada y candidata de la CUP Mireia Boya dijo que se les había trasladado la «inquietud de que el Estado podría usar violencia de falsa bandera ligada al movimiento independentista y, especialmente, a la izquierda independentista».
