Casi la mitad de los 6.000 policías nacionales y guardias civiles que fueron desplazados desde otros lugares de España hacia Cataluña para participar en la llamada Operación Copérnico han vuelto a sus bases de origen, según avanza El País.
Estos agentes fueron desplazados a Cataluña para hacer frente al desafío independentista y tuvieron su punto álgido con la intervención de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (CFSE) impidiendo por la fuerza la celebración de la consulta del 1-O.
El Ministerio del Interior tiene previsto mantener 3.000 agentes de los CFSE que quedarán instalados en territorio catalán hasta finales de año, después de la celebración de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre
El ministerio que dirige Juan Ignacio Zoido considera que con los Mossos d’Esquadra, que están bajo las órdenes directas del Ministerio del Interior desde la aplicación del artículo 155, el trabajo de policías nacionales y guardias civiles ha quedado reducida en la actualidad a la protección de los edificios del Estado en Cataluña y de las infraestructuras críticas, además de las investigaciones que están en marcha sobre la organización del referéndum ilegalizado.
Según fuentes policiales citadas por El País, ayer ya habían vuelto en sus bases 15 grupos con cerca de 800 agentes. De los 29 grupos que permanecen, seis tienen su base habitual en Madrid y otros cinco en Galicia. Estas unidades antidisturbios se alojan en dos cruceros en el puerto de Barcelona después de la marcha la semana pasada del barco Moby Dada, conocido como el barco de Piolín.
La Operación Copérnico, que llegó a tener 12.000 policías nacionales y guardias civiles desplazados en Cataluña, provocó problemas de seguridad en otros lugares de España. Así, un acto de Unidos Podemos en Zaragoza en septiembre boicoteado por ultras lo puso en evidencia.
Entre las unidades que se quedan de momento en Cataluña hay los efectivos de las Brigadas de Información de la Policía Nacional, especializados en lucha antiterrorista y que durante la Operación Copérnico se han encargado de las investigaciones sobre la organización del referéndum ilegalizado del 1 de octubre.
