El propietario del restaurante El Galliner de Calella tiene que comparecer este próximo lunes en el cuartel de la Guardia Civil de Sant Andreu de la Barca para dar explicaciones sobre una pizarra que colocó en el exterior del local y donde se podía leer que no se servía comida a las «fuerzas del orden público no autonómicas», como protesta por las actuaciones que la Policía Nacional y la Guardia Civil llevaron a cabo el pasado 1-O. Esta citación forma parte de la investigación que impulsa la Fiscalía especial de delitos de odio y discriminación, que también tiene en el punto de mira otros establecimientos de Calella y Pineda por haber exigido que los agentes abandonaran los hoteles donde se alojaban.
Este viernes también han declarado en el cuartel de la Guardia Civil de la Travessera de Gràcia varios responsables de medios de comunicación por la inserción de publicidad institucional relacionada con el referéndum del 1 de octubre, en el marco de la investigación iniciada por el juzgado número 13 de Barcelona.
Una de las personas que ha tenido que comparecer ante los agentes es la presidenta en funciones de la CCMA, Núria Llorach, que ha defendido la difusión de la campaña publicitaria por TV3 amparándose en una ley del Parlamento de Cataluña. Ante la amenaza de una próxima intervención, Llorach ha asegurado que «los profesionales de TV3 y Catalunya Ràdio seguiremos garantizando el pluralismo y el servicio público y seguiremos trabajando por esta garantía que nos ha encomendado el Parlamento de Cataluña«.
Tanto la presidenta de la CCMA como el director de El Punt Avui, Xevi Xirgo, que también ha tenido que declarar en el cuartel de la Guardia Civil, han sido citados en calidad de testigos. Xirgo ha asegurado que su medio «no tiene nada a esconder» y ha respondido a las cuestiones requeridas, a pesar de que tendrá que volver a declarar en los próximos días para completar la información requerida. El director de La Vanguardia, Màrius Carol, también ha comparecido para explicar la contratación de anuncios sobre el voto de los residentes catalanes en el extranjero.
Por otro lado, el editor de Directe!cat, Joan Puig, ha decidido acogerse al derecho a no declarar por el hecho de no considerar «garantizados» sus derechos. En este sentido, los agentes le han advertido que podría estar obstaculizando la justicia y que transmitirían su negativa al juzgado que ha ordenado las declaraciones.
