En el barrio madrileño de Lavapiés se ha cantado este pasado domingo L’Estaca. La anécdota no sólo evidencia que no todo el mundo apoya las decisiones de un gobierno intransigente más allá del Ebro como algunos políticos de corbata y barretina nos quieren hacer creer malévolamente. El acto de insubordinación catalana es visto también como una oportunidad de hacer tambalear un statu quo después de décadas de inmovilismo intencionado. De triunfar la alocada insurrección independentista, podría ser que otros pueblos de España se apuntasen también al carro de la autodeterminación y eso sería un hecho inaceptable. De aquí que populares y socialistas vuelvan a hacer piña para combatir el desmembramiento de la patria utilizando todos los mecanismos represivos del Estado, que para eso los tenemos.
Quien más quien menos se esperaba el show de esta semana con los gobiernos central y catalán jugando al ratón y el gato. Ahora abro un web, ahora lo cierro, ahora lo vuelvo a abrir. Ahora registro una imprenta y confisco papeletas, ahora las imprimo en casa. Ahora embargo las cuentas de la Generalitat y envío citaciones judiciales, ahora presento recursos y las citaciones me las paso por el forro. Ahora destruyo las urnas, ahora pongo cajas de zapatos. Ahora me cortan la luz, ahora voto con velas. Ahora hago un manifiesto, ahora hago otro…Y así hasta el infinito y más allá. Lo que no nos imaginábamos era el asedio policial a los medios de comunicación que han seguido publicando el anuncio prohibido a favor del referéndum en un acto de tozudez suicida que les puede llevar al cierre.
La entrada en las redacciones y la identificación de los periodistas por parte de la policía es un hecho gravísimo que, más allá del posicionamiento de cada uno sobre la legalidad o no del referéndum, nadie tendría que aplaudir. Sobre la libertad de prensa y el derecho a expresarnos libremente ya hablaremos en otro momento porque ninguno de los dos menudea a lado y lado del Ebro. La politización y la dependencia de las subvenciones públicas por parte de la prensa de Barcelona y de Madrid hacer inevitable sentir vergüenza cada vez que escucho a alguien del gremio denunciar al contrario por intransigencia y sectarismo. Pero una vez aclarado esto, no me queda nada más que denunciar los obstáculos al trabajo periodístico del gobierno Rajoy en nombre de la legalidad.
En este escenario tan crispado, este miércoles diversos colectivos de periodistas y tres empresas editoras de medios han organizado a las 18:30 horas un acto de protesta ante la sede del Colegio de Periodistas de Barcelona, en la Rambla Cataluña, 10. La movilización organizada para denunciar los ataques a la libertad de prensa y de expresión que hemos vivido estos días busca ser unitaria. También es en sí misma una novedad porque está consiguiendo movilizar a un gremio profundamente insolidario que se queja mucho, pero que sólo reacciona cuando está en peligro el puesto de trabajo propio. Veremos cuánta gente se apunta y cómo acaba la iniciativa, porque una cosa es reclamar libertad para ejercer nuestra profesión y otra defender a editores que mezclan información y propaganda, viven de las ayudas públicas y explotan a trabajadores.
Las últimas informaciones hablan de periodistas intimidados por policías, de actos políticos prohibidos y de incautación de millones de carteles como en los mejores tiempos del franquismo. Transportes Metropolitanos de Barcelona ha recibido un buen tirón de orejas por autorizar propaganda del 1-O en metro y autobús, y nuestros alcaldes –a excepción de la espabilada hAda Colau- siguen en el punto de mira, los unos por saltarse la ley y los otros por respetarla. Es normal que en medio de este follón pocos piensen en el pobre Artur Mas. La campaña puesta en marcha por sus afines para ayudar al ex-presidente a pagar la fianza de 5 millones de euros por la organización del 9-N resulta que también es ilegal y todas las transferencias han sido bloqueadas. Ver para creer.
